Investigan a dos alcaldes de Punta Umbría por la gestión de los chiringuitos

El Juzgado de Instrucción 4 de Huelva ha citado a declarar como investigados al actual alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino (UPU), y su antecesora en el cargo, Aurora Águedo (PSOE), por permitir la actividad de chiringuitos carentes de licencia a pie de playa en la localidad.

En un auto, el juez precisa que la actuación de ambos regidores podría ser constitutiva -según los indicios recabados hasta el momento- de un posible delito continuado de prevaricación administrativa continuada.

La causa tiene como origen las denuncias presentadas en 2023 por diferentes comunidades de propietarios de distintos bloques debido al ruido y las molestias ocasionadas por el chiringuito Casa Diego, que ha sido cerrado temporalmente, a raíz de las cuales se libró oficio al Ayuntamiento para la remisión de diferente información y documentación.

Tras su análisis, el titular del juzgado precisa que "nos encontramos ante la sorprendente situación fáctica" de un chiringuito ubicado en la zona de La Canaleta de la Playa de Punta Umbría que "carece de concesión para el uso del dominio público marítimo terrestre, y que por lo tanto (y además) carece de licencia de apertura".

Un hecho, añade, que "consta fehacientemente a todas las autoridades locales de Punta Umbría que han intervenido (Policía, Ayuntamiento, alcaldes) y que, sin embargo, "han venido a permitir durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno público, causando ruidos y molestias que perjudican lógicamente a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso ante una pasividad de la administración local que sólo puede calificarse de grosera". 

El interés general por encima de la legalidad

De lo instruido hasta el momento se desprenden indicios tanto de un posible delito contra el medio ambiente por ruido, del que sería responsable el titular y responsable del chiringuito; como de un delito de prevaricación administrativa atribuible a Hernández Cansino y Águedo, quienes "han dictado diversas resoluciones que de manera grosera, evidente y clara obvian la legalidad vigente en aras de un supuesto interés general y público que ellos se reservan la potestad exclusiva de apreciar".

Remarca el juez que existen servicios técnicos que han constatado y reiterado la situación de ilegalidad como el arquitecto municipal que en un informe de febrero de 2021 precisa que "la situación actual de los chiringuitos resulta a todas luces caótica y de compleja resolución, pero lo que es indudable es que los chiringuitos existentes (a excepción de uno) carecen de cualquier cobertura legal y se encuentran en funcionamiento sin la preceptiva licencia de apertura", por lo que "la propuesta a día de hoy de estos servicios técnicos no puede ser otra que el cierre de dichos establecimientos por carecer de la licencia de apertura".

El juez señala que "no puede decirse, por tanto, que los dos alcaldes no hayan carecido de un informe técnico consistente, claro y acertado que han decidido obviar", y añade que por ello decide recibirles declaración como investigados ante la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa continuada.

De igual modo, declarará también como investigado el dueño del chiringuito por un delito contra el medio ambiente.

 La patronal de Huelva defiende el papel de los chiringuitos como motor económico  

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha defendido este lunes la necesidad de "alzar la voz" en defensa de los chiringuitos, una actividad esencial para la economía y el desarrollo turístico de la provincia.

Lo ha hecho ante las informaciones difundidas sobre posibles actuaciones judiciales en Punta Umbría relacionadas con el sector y tras expresar su máximo respeto a esos procedimientos en curso.

Desde la patronal, a través de un comunicado, se ha indicado que los chiringuitos y establecimientos de playa "son mucho más que negocios de hostelería: forman parte de la identidad de la costa onubense, generan empleo de manera directa e indirecta, dinamizan el turismo, sostienen el comercio local y contribuyen a la cohesión social de nuestros municipios".

"Son, en su inmensa mayoría, pequeñas empresas y negocios familiares que con su esfuerzo diario ofrecen calidad y hospitalidad, con una experiencia lúdica y gastronómica que convierte a Huelva en destino de referencia", han añadido.

Desde la FOE han exigido sin ambages la necesidad de "respetar la legalidad y que se garantice que la actividad debe ajustarse a la normativa vigente, si bien y al mismo tiempo, reclamamos responsabilidad y equilibrio para no estigmatizar de forma indiscriminada a un colectivo de empresarios que ha demostrado sobradamente su compromiso con el desarrollo sostenible, el empleo y la buena convivencia".

"Señalar de manera generalizada al conjunto del sector por problemas concretos sólo genera incertidumbre, desincentiva la inversión y perjudica la imagen de toda la provincia", ha abundado.

La FOE ha recordado que lleva muchos años tratando de concienciar a las administraciones correspondientes en esta materia, de la mano de los propios empresarios afectados, con el fin de lograr un escenario legal que ordene la actual situación.

Por ello, ha reiterado su apoyo a quienes día a día sostienen este motor económico y social de la costa, poniéndose de nuevo a entera disposición de esas mismas administraciones para trabajar juntos en un marco normativo claro, ágil y seguro que permita desarrollar dicha actividad, dar estabilidad a las empresas y garantizar el respeto al entorno y al bienestar de los vecinos.

Por último, ha expresado su confianza en que, desde el diálogo y la responsabilidad compartida, "podamos reforzar un modelo de chiringuito de calidad, sostenible y plenamente integrado en la vida de nuestros pueblos y ciudades costeras".