El Consejo de Participación de Doñana se reúne en una jornada marcada por la aprobación del polémico deslinde de la marisma
El Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana celebra una reunión extraordinaria en un contexto marcado por la reciente aprobación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la marisma, una medida impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica que ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones, administraciones locales y colectivos ecologistas.

Huelva - Publicado el
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El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana ha celebrado hoy una reunión extraordinaria, coincidiendo con la publicación oficial del controvertido deslinde de más de 118 kilómetros del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en la marisma, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
La reunión, celebrada en el propio Parque Nacional con motivo de su aniversario, ha estado marcada por la tensión y el debate generado en torno a la Orden Ministerial de 10 de octubre, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que declara de titularidad estatal un extenso tramo de terreno situado en los términos municipales de Almonte e Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla).
Un deslinde con fuerte oposición
El expediente ha contado con una notable oposición de actores clave como el Espacio Natural Doñana, los ayuntamientos afectados, organizaciones ecologistas como WWF y Ecologistas en Acción, la Estación Biológica de Doñana y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Todos ellos coinciden en que las marismas afectadas no tienen influencia mareal activa y solo reciben agua dulce, por lo que consideran que no cumplen los requisitos para ser catalogadas como dominio público marítimo-terrestre.
Pese a ello, el Ministerio ha justificado el deslinde basándose en informes técnicos de Tragsatec e Idyma, que sostienen que, de no existir las infraestructuras humanas actuales, gran parte de la marisma volvería a ser inundada por aguas mareales, especialmente durante pleamares intensas. Según el Ministerio, estos estudios confirman la condición física de marisma del terreno y su pertenencia al DPMT según la Ley de Costas.
Hugo Morán: “Blindar la marisma para garantizar su preservación”
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha intervenido durante la reunión para defender la decisión del Gobierno:
“El deslinde no modifica las condiciones ecológicas del espacio ni impide las actividades actuales compatibles. Lo que hace es blindar el terreno frente a posibles usos privados que pudieran dañar su valor ambiental”, afirmó.
Morán recordó que deslindar todo el litoral español es una obligación legal y destacó que casi el 100% de los deslindes que han sido recurridos judicialmente han sido ratificados por la Audiencia Nacional.
WWF: “El Ministerio no ha escuchado la voz de Doñana”

Desde WWF, sin embargo, las críticas han sido contundentes. Juanjo Carmona, portavoz de la organización, aseguró:
“El Ministerio tendrá que escuchar cómo Doñana dice que no a este deslinde. Los criterios usados no son válidos para este espacio. No han tenido en cuenta ni la historia, ni la ciencia ni los planes existentes”.
Avances en el plan de recuperación de Doñana
Durante la reunión también se hizo balance del estado de ejecución del Plan de Actuación socioeconómico y ambiental para Doñana, que alcanza ya un 45% de ejecución. Entre los avances más relevantes, se anunció la inminente convocatoria de ayudas agroambientales para la reversión voluntaria de terrenos agrícolas irregulares, a través de la Fundación Biodiversidad.
El programa contempla tres convocatorias escalonadas, la primera en el actual semestre y las siguientes en el primer semestre de 2026 y el segundo semestre del mismo año. De ser necesario, el Gobierno no descarta abrir nuevas convocatorias para asegurar la participación de todos los interesados.
Próximos pasos
La aprobación del deslinde pone fin a la vía administrativa, aunque los afectados pueden presentar recurso de reposición en el plazo de un mes, o bien acudir a la vía contencioso-administrativa en un plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional.
Mientras tanto, el Consejo de Participación continuará analizando el impacto de esta decisión, en un momento crucial para el futuro del Parque Nacional de Doñana y sus ecosistemas.