La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé alcanzar a finales de 2023 la cifra de 1.065 pozos clausurados en el entorno de Doñana en los últimos cinco años, 450 de ellos por regularización y 615 por ejecución subsidiaria, de los que 208 ya están cerrados.
Para ello, el organismo de cuenca ha iniciado el cierre de 13 nuevos pozos por ejecución forzosa en el término municipal de Almonte (Huelva), donde ya se ha supervisado y constatado el cierre de 3 sondeos y el inicio de los trabajos para el sellado de otra decena; además se prevé la clausura de otros 400 de aquí a diciembre.

Las tareas para sellar esos 13 pozos, que comenzaron el pasado 9 de agosto y se extenderán durante las próximas dos semanas, se están desarrollando de forma voluntaria por los titulares, y en colaboración con la Comunidad de Regantes El Condado, que actúa como intermediaria en el marco de cooperación entre el Organismo de cuenca y el propio sector para la reversión y conservación del entorno de Doñana.

El cierre de estos pozos supone el cumplimiento a la resolución de ejecución forzosa emitida el pasado mes de junio por la Presidencia de la Confederación en varios procedimientos en la demarcación. En concreto, estos sondeos se enmarcan en un cierre material de hasta 33 captaciones, en su mayoría relacionadas con comuneros de la Comunidad de Regantes, el Condado de Huelva, entidad con la que se ha planteado que sean estos regantes los que, con sus propios medios y de forma voluntaria, ejecuten el cierre con la supervisión y constatación del Organismo de cuenca.

"La situación de los acuíferos es gravísima"

En la actualidad, el Organismo de cuenca tiene abiertos procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de un total de 407 pozos, sondeos que han sido sancionados, que cuentan con resolución firme y cuyos titulares tienen la obligación de cerrarlos. La previsión del Organismo de cuenca es de inutilizarlos antes de finalizar el año. Para entonces serán 1.065 los pozos cerrados desde 2019: 450 por sustitución de agua subterránea por agua superficial, tras la concesión definitiva a la Comunidad de Regantes El Fresno; y otros 615 por ejecución subsidiaria (en algunos casos de forma voluntaria por los regantes), de los que ya se han cerrado 208.

Desde la CHG se ha indicado que el cierre pozos supone una intervención fundamental, más aún en el contexto de sequía que atraviesa la cuenca, lo que permitirá aumentar la gobernanza e impedir agravios comparativos entre agricultores. Ante esta situación tan crítica, WWF ha alertado sobre el riesgo de que el acuífero pueda sufrir un proceso de salinización por una posible infiltración del agua del mar en el subsuelo, lo que podría tener efectos catastróficos para la biodiversidad y la agricultura de la zona. "Doñana se encuentra en el peor momento de su historia: la agricultura intensiva está acabando con las últimas gotas de agua almacenada que nos quedan. La situación de los acuíferos es gravísima y el riesgo de salinización cada vez es más real", ha dicho el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Ha considerado que se trata de "una verdadera emergencia y ya no es suficiente con las medidas tomadas hasta ahora", por lo que ha pedido al Gobierno y a la Junta de Andalucía que se termine "con la impunidad y se coordinen de manera urgente para impedir que esta campaña se riegue ni una sola hectárea ilegal en Doñana". WWF ha exigido también a la Junta de Andalucía que "abandone la inacción" y aplique "urgentemente" el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, con el cierre de pozos y fincas ilegales y que retire la proposición de ley para la mejora de dicha ordenación que se tramita en el Parlamento andaluz.