Propietarios atrapados por la lentitud judicial ante el aumento de inquilinos morosos

El último informe del Observatorio del Alquiler confirma un nuevo repunte de los impagos en Andalucía, donde la morosidad se sitúa ya en el 5,36%, un incremento respecto al año anterior. Las provincias más afectadas son Málaga y Sevilla, con deudas medias que superan los 9.000 euros. En Córdoba, aunque las cifras son más moderadas —unos 5.000 euros de media—, la tendencia también es ascendente.

Más allá de los datos, la realidad que enfrentan muchos propietarios es más dura. Porque no solo se trata de inquilinos que dejan de pagar, sino de quienes se quedan en las viviendas durante meses, incluso años, sin abonar un solo euro y sin que la ley pueda actuar con rapidez. Es lo que cada vez más voces llaman “okupación de alquiler”.

Virginia Robles, presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica, lo tiene claro: “Esto ya no es una cuestión de morosidad. Es un fenómeno que roza la okupación legal. Personas que firman un contrato, pagan uno o dos meses y luego dejan de pagar sabiendo que pueden estar mucho tiempo dentro sin consecuencias inmediatas”.

Una de las personas, que nos ha pedido cambiarle el nombre, es David. Junto a su mujer alquilaban los pisos que ambos usaron en su etapa de solteros. Su plan era claro: con ese dinero pretendían ayudar a pagar los estudios universitarios de su hija. Pero desde hace meses no están cobrando. Tienen dos viviendas alquiladas y en ambas, los inquilinos han dejado de pagar. “Seguimos trabajando los dos, pero ya estamos tirando de los ahorros. Lo poco que teníamos, se lo está comiendo esta situación”, lamenta. David, que sufre desde hace años un problema de salud, teme por el futuro de su familia. “Solo quiero recuperar mis casas, dejarlo todo arreglado por si algún día yo falto”, asegura, con voz modificada por miedo a represalias.

Casos como el suyo no son aislados. Manuela, desde Cabra, también vivió en carne propia, lo que significa intentar recuperar una vivienda tras un impago. “Estuve 11 meses sin poder entrar. Tuve que ir a juicio, y la justicia fue lenta. No se lo deseo a nadie”, cuenta. Compró el piso con parte de una herencia familiar, y ahora lo tiene claro: no volverá a alquilar. “Me ha costado la salud, el sueño y muchas lágrimas”, afirma con rotundidad.

Estos testimonios ponen rostro a una problemática que, según Virginia Robles, tiene solución: “No estamos en contra de los buenos inquilinos. Estamos en contra de quienes abusan de la lentitud del sistema. Necesitamos una justicia más ágil y leyes que protejan de verdad a los propietarios”.

Desde su asociación reclaman medidas urgentes: procesos judiciales más rápidos, garantías reales para recuperar la vivienda y herramientas que eviten que una familia propietaria quede atrapada durante años en una situación insostenible. “Si no se actúa ya, muchos dejarán de alquilar y eso solo hará que el problema de acceso a la vivienda se agrave aún más”, advierte Robles.