La Consejería de Educación deberá indemnizar con 20.000 euros, trece años después a Lorenzo, un alumno del Instituto Gran Capitán, que sufrió acoso escolar cuando cursa primero de secundaria.

La sentencia reconoce como hechos probados que, tanto el profesorado como la dirección del centro conocían la situación, y que el instituto no tomó las medidas pertinentes para intentar evitar la situación constante que sufría el menor de parte de los alumnos del instituto. Desde la Delegación de Educación, tampoco facilitaron a los padres el cambio de centro, obligando al menor a asistir a clase hasta que encontraran un nuevo centro, ofreciéndoles como solución un instituto muy cercano a ese. 

Ahora trece años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estipula una de las condenas más altas en España por un caso de bullying.