El Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ha aprobado en sesión plenaria el convenio entre el Consistorio y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración por valor de seis millones de euros.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento pozoalbense en una nota en la que ha detallado que la aprobación de este convenio supone el siguiente paso administrativo en el proceso de ampliación de la depuradora de Pozoblanco, ya que será el instrumento que regule la ejecución de las obras, así como la redacción y licitación del proyecto, que se está ultimando desde la Junta para adjudicar la obra en breve plazo.

El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha expresado que la ampliación de la estación depuradora del municipio es "un proyecto esencial y necesario para el futuro de Pozoblanco que sigue avanzando gracias al trabajo conjunto que el Ayuntamiento viene realizando con la Junta de Andalucía, y que vendrá a resolver uno de los más graves problemas que tenía nuestro municipio cuando llegamos al gobierno y en el que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos".

La ampliación de la depuradora aparece reflejada en los presupuestos generales autonómicos del año 2020 y se inscribe en el Plan de Choque con cargo al canon del agua que ha diseñado el nuevo gobierno andaluz. La inversión global prevista, que también viene indicada en el convenio entre la Consejería y el Ayuntamiento aprobado en el pleno, se sitúa en 5,98 millones de euros. La futura estación depuradora tendrá una capacidad de depuración de aguas residuales urbanas que duplicará la de las actuales instalaciones.

El regidor también ha resaltado que este convenio llega tras haber conseguido el Ayuntamiento de Pozoblanco, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la autorización administrativa para el vertido de aguas residuales depuradas del entorno urbano de la localidad de Pozoblanco al río Guadarramilla, la cual estaba sin efecto desde el año 2007.

La autorización, según ha explicado Cabello, llegó tras un intenso trabajo del Consistorio pozoalbense, que impulsó mediante decreto de alcaldía el 20 de febrero de 2018 el expediente con las exigencias que se le reclamaban desde la CHG desde hace 12 años.