Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a nueve personas como presuntos responsables de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración clandestina y falsedad documental. Los detenidos habían accedido a realizar todos los trámites para inscribirse como pareja de hecho con cuidanos extranjeros carentes de permiso de residencia en España, simulando para ello que mantenían una relación sentimental y que residían en el mismo domicilio donde se facilitaba su empadronamiento. Por todo ello, los investigados recibían 3.000 euros como pago a los servicios realizados y seguir las indicaciones del cabecilla de un grupo organizado especializado en el tráfico ilegal de personas

La investigación se inició en el mes de octubre a requerimiento de Consejería de Salud y Familias de la Delegación Territorial de Cádiz, la cual solicitó comprobaciones policiales ante un posible fraude de pareja de hecho que se habían registrado y existían dudas sobre su convivencia.

Los agentes especializados en extranjería realizaron las gestiones oportunas que permitieron descubrir la existencia de un grupo organizado, asentado en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, cuya actividad delictiva consistía en lograr la legalización en España de ciudadanos marroquíes en situación irregular. Los miembros de la organización utilizaban como modus operandi la inscripción “mendaz” o inexistente de la pareja en el Padrón Municipal y posteriormente en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, derivando en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de falsedad documental.

La organización captaba a ciudadanos españoles de ambos sexos a los que ofrecían una cantidad de dinero por hacerse pareja de hecho con un ciudadano marroquí con estancia irregular. Para ello debían cumplir con el requisito necesario de inscribirse en el Padrón Municipal en un domicilio, que en ocasiones era ficticio y otras veces resultaba ser el propio domicilio del ciudadano español. Posteriormente se inscribían en el Registro de Parejas de Hecho después de pasar una entrevista personal que tienen previamente preparada. Este último paso permite al ciudadano marroquí acudir a la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y solicitar una Tarjeta de residencia de familiar de la Unión Europea con validez de tres años, prorrogables.

Así pues, los investigadores verificaron que se estaba ante una evidente vulneración penal del artículo 318 bis.2 del Código Penal, al ayudar, con ánimo de lucro, a una persona que no es nacional de un Estado de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros. Igualmente se les investiga como presuntos responsables de un delito previsto en el artículo 392.1 del Código Penal al proceder a la simulación de varios documentos que inducen error en cuanto a su autenticidad.