Un total de 2.995 personas en situación de vulnerabilidad social pudieron evitar en 2020 cortes de suministros básicos como luz, agua o gas en sus hogares gracias al Programa contra la Pobreza Energética de la Diputación, que financia la delegación de Bienestar Social y que se canaliza a través de 40 ayuntamientos, los de los 30 municipios de población inferior a los 20.000 habitantes y los de las diez entidades locales autónomas (ELA) de la provincia.

Según ha explicado Diputación en una nota, esta iniciativa, puesta en marcha durante los últimos años, se diseña para evitar el corte de suministros energéticos básicos en hogares de familias de rentas bajas y ha permitido evitar el impago de 3.728 facturas a familias que no podían afrontarlas.

Por su parte, el diputado David de la Encina ha contextualizado los beneficios de este plan "que llegó en un momento de urgencia social, con la pandemia y sus efectos en la economía y el empleo castigando a las personas más vulnerables, quienes, gracias a esta protección que les brinda el gobierno provincial que preside Irene García, no se han visto privadas de derechos fundamentales para su calidad de vida y su dignidad personal, como son los suministros de recursos básicos".

El diputado ha recalcado que este programa ha podido ser efectivo como en años anteriores pese a que las necesidades de las personas vulnerables se han disparado desde el Estado de Alarma, "en parte gracias a los diferentes recursos extraordinarios que la Diputación ha ofrecido para paliar las nuevas necesidades, como el fondo social Post-Covid, y el resto de programas que han supuesto una movilización sin precedentes de hasta 50 millones de euros, y que han ayudado a los colectivos más desfavorecidos al complementarse con el Programa contra la Pobreza Energética para que en ningún hogar de la provincia se produzcan cortes de suministros".

Las ayudas han ido destinadas principalmente a costear recibos de la luz, en una cantidad de 2.205, casi el doble que los de agua, que han sumado 1.609. Otras 44 facturas, en este caso de gas, han sido cargadas a este programa. De las 2.995 personas beneficiarias, 2.763 residen en municipios de población inferior a los 20.000 habitantes y 232 en entidades locales autónomas de la provincia.