El Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía ha suspendido cautelarmente el proceso de adjudicación del contrato del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de Almería para el próximo curso 2019-2020.

El órgano ha acordado esta medida cautelar en el marco del procedimiento que se inició a raíz de la impugnación que han hecho los propios empresarios del transporte de Almería, unidos con la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra). Estos consideran que el concurso promovida por la Agencia Pública Andaluza de Educación supone un “severo golpe” al sector en la provincia.

La resolución indica que es el mejor remedio para asegurar la eficacia ante el fallo del recurso interpuesto por Fedintra en caso de que este prosperarse y rechaza las alegaciones en la Junta, que afirmó que la suspensión acordada pondría en riesgo serio la escolarización de todos los usuarios antes del inicio del curso el 10 de septiembre.

A fecha 5 de agosto, el tribunal señala que la Junta no ha acreditado en sus alegaciones que el interés público que demanda la contratación de este servicio no pueda quedar protegido por medios válidos hasta que no se adjudique y formalice el nuevo contrato en interés de cumplir el imperativo legal que establee el transporte escolar gratuito como garantía de escolarización de alumnos residentes en localidades que no tienen oferta educativa.

En su recurso, Fedintra argumentó que el actual contrato vigente es del curso 2017-2018 y fue prorrogado para el curso escolar 2018-2019, por lo que conforme a los términos de licitación podría serlo igualmente para el curso escolar 2019-2020, dándose cobertura de este modo a la realización del servicio en iguales condiciones de prestación y satisfacción de la comunidad educativa. La patronal andaluza ha aplaudido esta suspensión cautelar y ha trasladado que espera que la resolución final sea la anulación definitiva del concurso para licitar uno nuevo "que cuente con el consenso del sector".

En un comunicado, ha precisado que el tribunal deberá resolver ahora las cuestiones de fondo como la valoración del "sistema a tanto alzado", la fijación de una base económica del sistema tarifario acorde a la situación y exigencias actuales; la planificación de rutas; los informes de los órganos de inspección y un "uso más eficaz" de los fondos públicos.

Ha advertido de que, con la actual concurso de transporte escolar impugnado, "las consecuencias negativas no son solo económicas para las empresas" sino que también afectará a los usuarios.