El Gobierno ha abierto este miércoles el plazo, hasta el 26 de febrero, de alegaciones de personas o instituciones al anteproyecto de la Ley del Deporte, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que será sometido a consulta en el Senado y Congreso de los Diputados antes de su aprobación definitiva.

A partir de este miércoles se inicia el plazo de audiencia e información pública durante 15 días hábiles "para que toda persona o institución que quiera aportar sus ideas o alegaciones al actual texto del Anteproyecto de la Ley del Deporte pueda hacerlo".

Este martes el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, explicó en los Desayunos Informativos de Europa Press y, posteriormente, en la Conferencia Sectorial, el texto del anteproyecto de la Ley del Deporte a los máximos responsables en esta materia de las Comunidades y ciudades autónomas.

Durante los próximos días, responsables del ministerio se reunirán con todos los grupos políticos que tengan representación en el Parlamento para buscar "el máximo consenso posible". Asimismo, la secretaria del Estado para el Deporte, María José Rienda, recibirá a los presidentes de las federaciones deportivas españolas para profundizar en la explicación del articulado del anteproyecto y escuchar las sugerencias de los responsables federativos.

Además, desde el Consejo Superior de Deportes se mantendrán encuentros semanales con representantes de las diferentes federaciones, con la plataforma de asociaciones deportivas, con las ligas profesionales, con el Comité Olímpico Español (COE) y con el Comité Paralímpico Español (CPE).

Estas reuniones con todos los actores implicados en el mundo del deporte, además del estudio de todas las alegaciones públicas que lleguen a través del portal de participación pública habilitado en la web del Ministerio de Cultura y Deporte, "tienen como objetivo enriquecer el texto legal", señala el ministerio en un comunicado.

Entre los artículos más polémicos del borrador de la Ley del Deporte figura el 90.2, que no permitiría que las ligas profesionales -caso de LaLiga- pudieran seguir comercializando los derechos audiovisuales de las federaciones nacionales de otros deportes a cambio de una subvención. En 2018, la patronal del fútbol repartió 3 millones de euros entre 65 federaciones españolas.