Las presiones recibidas a lo largo de todo el día han forzado la dimisión del titular de Cultura, Máxim Huerta, que se convierte en el ministro de más breve recorrido de la historia de nuestra democracia. No había pasado una semana cuando Pedro Sánchez se ha encontrado con una primera sorpresa que empañaba la cuidada imagen de su gobierno regenerador, algo que no podía permitirse. Y es que en 2017 Huerta fue condenado a pagar 243.000 euros por utilizar una empresa para defraudar al fisco entre los años 2006 y 2008. En un primer momento, el todavía ministro trataba de quitar hierro explicando que “hubo una regularización, pagué lo correspondiente y asunto cerrado”. A esto se suma una serie de tuits en los que hacía afirmaciones tales como que “estar al día con Hacienda ya no se lleva”. Frases cargadas de una frivolidad que casa mal con la responsabilidad de un ministro.

A lo largo del día han sido muchas las voces que se preguntaban si Pedro Sánchez conocía que su Ministro de cultura había sido condenado por defraudar a Hacienda y, como dice la sentencia, que había actuado “sin buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Sánchez ha pretendido hacer de la limpieza un emblema de su Ejecutivo, y ha empezado pronto a comprobar que no es tan sencillo asegurarla. La creativa búsqueda de perfiles mediáticos para sus ministros debía haber tenido en cuenta también la forma en que respondieron a sus obligaciones como simples ciudadanos. En todo caso, de los errores también se aprende.