La industria del sector, consumidores, internautas y pequeñas empresas de base tecnológica han expresado de forma conjunta su rechazo contra la nueva directiva europea de derechos de autor que será votada este miércoles en el Parlamento de la UE, porque la consideran una amenaza para el futuro de internet.

De aplicarse finalmente el texto de la nueva directiva europea de propiedad intelectual que se vuelve a votar este miércoles en el Parlamento Europeo, como parte de su tramitación tras ser rechazada a principios de julio, los internautas no podrían ver publicados en las redes sociales contenidos sujetos a derechos de autor ni comentarios con enlaces a noticias emitidas en medios.

El pasado 5 de julio el pleno del Parlamento Europeo rechazó por 40 votos de diferencia la propuesta de esta reforma respaldada especialmente por artistas y medios, pero muy criticada por pequeñas plataformas y gigantes como Google a los que se exige vigilar los contenidos publicados en defensa de los beneficiarios de los derechos de autor de los mismos.

Los europarlamentarios aplazaron entonces para septiembre la decisión de iniciar las negociaciones para reformar esta ley europea para buscar otro enfoque a dos de los puntos más problemáticos: el canon digital y el rastreo por algoritmos del material protegido.

De cara a la próxima ronda de votaciones prevista este miércoles, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ya manifestó hace unos días el apoyo inequívoco del Gobierno español a esta directiva.

En un comunicado conjunto hoy manifiestan su rechazo a la misma Pedro Mier, presidente de AMETIC; Carina Szpilka, presidenta de Adigital; José Luis Colás Giraldos, presidente de iCmedia; José Carrero García, presidente de ASGECO Confederación; Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups; y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

Dicen que la reforma plantea medidas que amenazan el funcionamiento de internet, el desarrollo de la economía digital y la creación de riqueza y empleo en Europa y en España, al tiempo que reivindican al Ejecutivo español que reconsidere su apoyo y se implique en la búsqueda de "un texto más equilibrado".

Advierten de que la redacción actual de la propuesta implica una obligación de filtrado de contenidos convirtiendo a los proveedores en "policías" de la web, debiendo monitorizar y filtrar activamente la información compartida por los usuarios.

Además, según el comunicado, se exigen fuertes obligaciones para la detección y eliminación de contenidos que puedan estar protegidos por derechos de autor, lo que perjudica la creación de contenidos generados por los usuarios, tanto en las redes sociales como en otros servicios en línea, dificulta el ejercicio de derechos fundamentales y supone una importante barrera de entrada a nuevas empresas.

A lo largo de la tramitación parlamentaria de esta directiva ha habido gran movilización por parte de muchas organizaciones ciudadanas, civiles y de internautas como rechazo a la misma a la que se ha sumado incluso Wikipedia, que suspendió temporalmente el servicio a principios de julio en señal de protesta.