Hasta ahora ningún médico había tenido problemas graves en España para ejercer su derecho a la objeción de conciencia en casos que atenten contra sus valores, su ideología o su religión. Ahora el Ministerio de Igualdad defiende la creación de un registro de objetores para el aborto similar al que se acaba de aprobar para la eutanasia. Lo que está en juego según subrayan en COPE tanto desde el Comité de Bioética como desde la Organización Médico Colegial es el que los médicos puedan actuar con libertad, toda una garantía no solo para ellos sino también para los pacientes.

“Creo que sí, creo que hay un intento de condicionar la objeción de conciencia, de limitarla y me parece un ataque hacia la libertad individual. Es una garantía para los enfermos, todos somos pacientes alguna vez, los médicos también y nos da mucha tranquilidad saber que vamos a tener en frente un profesional que actúa conforme a su conciencia” subraya en COPE Luisa González vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.

A juicio del presidente del Comité de Bioética de España, Federico Montalvo, “hasta ahora sí entiendo que se ha garantizado el derecho a la objeción de conciencia en nuestro país, salvo en algunos pequeños casos, y, por eso, es una pena que con una experiencia que ha sido buena, con una muy rica doctrina del Tribunal Constitucional y con los pocos casos que se han planteado pues ahora podamos destruirlo”.

Y también para Juan José Sendín, al frente de la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial, “es un error por muchas razones que en este momento se trate de revisar la objeción de conciencia”.

¿Debe regularse la objeción de conciencia en España?

La respuesta es depende de cómo se quiera regulara. Si es para limitarla el no, es, rotundo entre los expertos consultados por COPE. “Desde luego es muy arriesgado” opina González que considera que la objeción de conciencia ya está suficientemente garantizada en nuestra Constitución y en la Carta Europea de Derechos Humanos.

Desde el Comité de Bioética de España Montalvo recuerda que una regulación exigiría llevar a cabo una Ley Orgánica que requeriría de una aprobación una mayoría reforzada absoluta en el Congreso de los Diputados.

“Estamos a favor de regular para buscar un mejor equilibrio, pero no para suprimir o limitar un derecho haciendo que prime el otro, esto no es respetuoso con nuestro sistema constitucional de derechos”, subraya Montalvo.

También Álvaro Gándara jefe de Paliativos en el Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Diaz es partidario de regular la objeción de conciencia porque “no hay nada desarrollado”. A su juicio se debe delimitar con una Ley Orgánica “quién tiene derecho, qué profesiones, la forma de ejercer esa libertad y el no obligar a tener que declarar el motivo de la objeción”.

De hacerse esa regulación con carácter general y ,según Sendín, “se eliminarán problemas y dará tranquilidad”.

¿Es necesario un registro?

Todos los expertos están de acuerdo en que la objeción debe poder hacerse a posteriori y caso por caso y no obligatoriamente de forma anticipada.

En el caso del establecimiento de registros en la reforma de la ley del Aborto que plantea Igualdad, desde el Comité de Bioética consideran que, de establecerse, deben inscribirse quienes si están dispuestos a practicar abortos.

“Un registro positivo de los que están dispuestos a llevar a cabo tanto el aborto como la eutanasia prestaciones reconocidas por dos leyes orgánicas puede ser una buena fórmula, un registro para saber quiénes sí van a llevarlo a cabo, pero al revés no tendría mucho sentido porque hay personas que pueden objetar en un caso y no en otro” subraya Montalvo.

Para Luisa González “la objeción de conciencia se realiza sobre el caso concreto porque otra cosa podría suponer el abandono del paciente”. A su juicio “no hay que registrarse como objetor porque esto puede tener tintes discriminatorios y puede tener implicaciones laborales”.

¿Hay un conflicto entre la objeción de conciencia y el aborto en España?

Los 88.269 abortos realizados en España en 2020 prueban a juicio de la mayoría de los expertos consultados por COPE que no hay un problema en nuestro país para la realización de esta práctica reconocida por una ley de 2010 que Igualdad quiere ahora modificar para incluir ese polémico registro de objetores.

Detrás del hecho de que solo el 15 por ciento de los abortos se lleven a cabo en los hospitales públicos y que el 85 por ciento restante se practiquen en clínicas privadas o concertadas con la Sanidad Pública explican no hay un problema de objeción de conciencia sino de gestión sanitaria.

Si hemos llegado a esta situación explica Montalvo es porque al legislar no se está teniendo en cuenta a las personas que tienen que aplicar las leyes, en este caso los médicos.

También explican que para los ginecólogos que están dispuestos a llevar a cabo abortos suele suponer el ver su profesión limitada en exclusiva a esta práctica.

“Hay que buscar soluciones porque esos abortos los realizan profesionales fuera y es un poco absurdo que haya médicos que no tienen problema de conciencia para practicar los abortos fuera y no los hagan dentro del sistema que es el que otorga el derecho, pero no puede ser que como consecuencia de esto se quiera restringir el derecho a objetar de los profesionales o se quiera restringir este derecho”, zanja Sendín.

En el ministerio de Montero las soluciones las ven más en el ámbito de la educación. Y es que con la reforma en ciernes de la ley del aborto también pretenden regular la formación de los profesionales sanitarios para evitar que como sucede en la actualidad haya cinco Comunidades Autónomas en las que no llevan a cabo abortos en la Sanidad Pública.

"No veo que eso sea formación creo que eso es deformación porque el bien mayor que tiene el ser humano es la vida y cualquier atentado contra la vida no es terapéutico y no puede enseñarse en las facultades de medicina" subraya González.