Pillan a unos okupas entrando en una casa en Valencia y los agentes de policía dan media vuelta tras oír una frase
El caso de Pilar es un ejemplo del aumento de casos de okupación en los meses de verano en una provincia donde ha habido 84 casos este 2025 sólo en la capital
Una okupa grita a un policía
Madrid - Publicado el
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La okupación ilegal sigue siendo un desafío en la Comunidad Valenciana, donde los datos oficiales reflejan una realidad compleja. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2025 se registraron 72 casos de ocupación ilegal de viviendas que llegaron a juicio en la región, mientras que los impagos de alquiler ascendieron a 591.
Aunque el Ayuntamiento de Valencia ha logrado reducir las viviendas ocupadas de 474 en 2023 a 84 en 2025, la percepción de inseguridad entre los propietarios persiste, especialmente en zonas costeras como Tavernes de la Valldigna, donde el verano se convierte en la temporada alta para este tipo de delitos.
Una mentira que paraliza la justicia
Pilar, propietaria de una segunda residencia en La Goleta, Tavernes, relata en una entrevista en El Debate cómo un grupo de magrebíes ocupó su vivienda tras burlar dos intervenciones policiales. La primera vez, los vecinos alertaron al ver a siete u ocho jóvenes, aparentemente menores, merodeando en su jardín. La Guardia Civil acudió y documentó daños: una ventana rota, colillas de porros y cerraduras manipuladas.
okupas siendo desalojados por la Policía
Sin embargo, el segundo intento de ocupación terminó en éxito para los intrusos. "Los agentes hablaron con ellos, pero al subir al coche patrulla, los okupas ya estaban entrando de nuevo a patadas", explica Pilar. La clave fue una frase: "Dijeron que llevaban tres meses viviendo allí".
La propietaria lo niega rotundamente: "Es imposible. Mi hija durmió ahí hace semanas y tenemos testigos". Pero la declaración de los ocupantes bastó para que la Policía se retirara, alegando que "no hay nada que hacer".
La legislación actual, que protege especialmente a menores, complica los desalojos exprés, un vacío legal que los okupas aprovechan. "Ahora organizan fiestas y yo no puedo ni acercarme", denuncia Pilar, quien ve cómo su casa se convierte en un espacio ajeno mientras sigue pagando impuestos y suministros.
Entre la emergencia habitacional y la alarma social
El caso de Tavernes refleja un patrón repetido en la provincia. Según la Generalitat Valenciana, el 12% de las viviendas públicas están ocupadas ilegalmente, lo que equivale a 1.800 de un parque de 15.000. Aunque estadísticas independientes señalan que la okupación afecta solo al 0,06% del total de viviendas en España, la sensación de desprotección es palpable.
Un grupo de okupas desalojados de un edificio
El gobierno autonómico, en línea con la nueva Ley Antiokupación de abril de 2025, ha creado oficinas de asesoramiento y un teléfono gratuito (012) para agilizar desalojos en 48 horas cuando hay pruebas de propiedad. No obstante, casos como el de Pilar muestran que la aplicación sigue siendo desigual.
Ejemplo de frustración
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Desde la oposición, partidos como Compromís acusan al PP de instrumentalizar el miedo. "La Policía Local no tiene competencias en usurpación; esto es una cortina de humo", critica el concejal Ferran Puchades. Mientras, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, insiste en que el miedo a la "inquiocupación" frena a 10.000 propietarios de alquilar sus viviendas.
En cualquier caso, la historia de Pilar ejemplifica la frustración de muchos propietarios ante un sistema que, pese a las reformas, sigue favoreciendo la impunidad. Mientras las autoridades debaten competencias, familias como la suya pagan el precio de una batalla legal que, advierten, "siempre llega tarde". Hoy, su casa sigue en manos ajenas, y sus vacaciones, canceladas.