Detrás de este negocio millonario prohibido en España hay más de una decena de agencias implicadas y los expertos lamentan que operen con total impunidad. Piden por ello al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado que tomen cartas en el asunto para investigar a las empresas que se lucran en nuestro país y para limitar la inscripción de niños nacidos tras un proceso de maternidad subrogada en consulados españoles en países que sí permiten esta práctica que viola los derechos de las mujeres y los niños.

Tras más de un año de investigación, Nuria González acaba de publicar “Vientres de Alquiler” en la que se muestra absolutamente en contra de levantar la prohibición de los vientres de alquiler en España y a favor de limitar que un número creciente de españoles puedan acceder a ella.

“A parte de todo el negocio que hay mercantilizando personas, encima hay un fraude. Yo lo que no me explico es a donde están mirando las autoridades porque los niños están aquí. En España hay más de mil niños inscritos en los registros consulares y viviendo en nuestro país” asegura González en una entrevista con COPE.

A su juicio el primer paso es el control de las empresas que se dedican al negocio de los vientres de alquiler y que están inscritas en el Registro Mercantil como inmobiliarias, agencias de viajes o empresas de coches de gama alta.

“En España hay como 10 o 12 operando y es muy fácil encontrarlas metes el nombre en google y ahí están. Te dan citas, te reciben, están en el centro de las ciudades, no son un negocio clandestino ¿Nadie lo está viendo?” se pregunta la autora de “Vientres de Alquiler”.

Y es que según subraya “alguien tiene que fijarse porque si no por omisión también se cometen ilegalidades”.

Considera que además del Ejecutivo debe actuar la Fiscalía General del Estado porque lo que estamos permitiendo es que por medio de entramados en los países del Este, en Estados Unidos o en otras zonas del mundo donde está práctica sí es legal “personas sin ningún tipo de certificado de idoneidad más que el de su cuenta corriente accedan a unos niños y los críen sin que se sepa nada más de ellos”.

González comprende el deseo de ser padres pero considera que “una vez accedes a este tema y te sientas en la agencia y te explican como va la cosa que una madre va a gestar a su hijo y que al nacimiento se lo quitas y que lo acepta no pasaría ningún control de aptitud”.

Y es que ella hizo la experiencia de contactar con una de las agencias que operan en España a razón de 90.000 euros por hijo y a un ritmo de 350 contratos anuales, es un negocio que calcula en más de 5 millones de euros al año por agencia.

“Eliges a la madre gestante por catálogo, también a los donantes lo que está prohibido en España. Eliges absolutamente todo, lo primero el sexo del bebé” asegura González.

Tales son los contratos que hasta hay opción para dar marcha atrás “te dan dos años de garantía si no te convence lo devuelves y empiezas otra vez. Lo que pase con ese niño que va a las instituciones públicas a nadie le importa” afirma.

Por todo ello y para frenar esta práctica que considera viciada en origen porque parte de la necesidad de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad es necesario limitar las inscripciones en los consulados exteriores además de hacer cumplir con la legislación española y controlar el fraude que cometen las empresas del sector.