Pide que desalojen a los 300 okupas que hay en su hotel en Tenerife y la respuesta del juez deja a cuadros a la propietaria

La okupación en Canarias ha registrado un aumento del 42% en el último año, con más de 1.200 inmuebles allanados sólo en la isla tinerfeña

Europa Press

Interior de un hotel okupado en España

Paco Delgado

Madrid - Publicado el

3 min lectura

La okupación ilegal de viviendas y establecimientos turísticos en Canarias ha registrado un aumento del 42% en el último año, según datos de la Delegación del Gobierno en el archipiélago. Solo en Tenerife, se contabilizan más de 1.200 inmuebles okupados, un fenómeno que ha convertido a las islas en un "punto caliente" para este tipo de delitos.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife alertó en un informe reciente de la "creciente profesionalización" de redes que operan en la zona, vinculadas al tráfico de inmuebles y la explotación económica de personas vulnerables.

En este contexto, el caso del Hotel Callao Sport en Adeje se ha erigido como un símbolo de la crisis. Cerca de 300 personas ocupan desde febrero este complejo turístico de cuatro estrellas, cerrado desde la pandemia y puesto en venta por sus dueños, la empresa familiar Domasa S.A. Según denuncia su administradora, Margarita Domínguez, los cabecillas de la ocupación han convertido el hotel en un "negocio ilegal", alquilando habitaciones por hasta 3.000 euros y vendiendo mobiliario y equipos del establecimiento a través de internet.

Redes Sociales

Imagen del interior del hotel de Tenerife okupado

 La respuesta del juez  

Un testimonio en Libre Mercado y Canal Sur revela la frustración de los propietarios: "El juez no ve indicios de criminalidad, aunque hay robos, peleas y bombonas de gas en las habitaciones. Es surrealista", afirma Domínguez. La titular interpuso denuncias penales y civiles, pero la Justicia ha rechazado reiteradamente el desalojo preventivo. El Juzgado de Instrucción número 2 de Arona argumentó en un auto que la medida sería "desproporcionada" y exigió la identificación individual de los 300 ocupantes, un requisito que la propiedad califica de "misión imposible" debido a la rotación constante de personas.

Mientras los dueños siguen pagando 30.000 euros mensuales en hipoteca, impuestos y suministros, incluida una factura de la luz cinco veces superior a la habitual, el juez insiste en garantizar el "derecho a defensa" de los ocupantes. "Tratan esto como si fueran 300 viviendas, no un hotel. Si solicitan abogados de oficio, el sistema colapsará", advierte Domínguez. La patronal hotelera Ashotel ha criticado la "inacción" de las autoridades y alertado sobre riesgos como incendios por las conexiones eléctricas clandestinas o el menudeo de drogas en el edificio.

 El ultimátum de 250.000 euros  

Antes de recurrir a los tribunales, los propietarios contactaron con la empresa especializada Desokupa. La respuesta de los ocupantes fue un ultimátum: 250.000 euros y un alojamiento alternativo. "¿Eso no es chantaje?", cuestiona Domínguez. Además, vecinos de Callao Salvaje denuncian inseguridad y vandalismo, con coches de alta gama llegando al hotel y fiestas nocturnas.

"Si hay un problema de vivienda, que lo resuelva el Estado, no nosotros", reclama la administradora, quien subraya que su familia construyó el negocio "desde cero" tras la posguerra. Mientras, la Audiencia Provincial de Tenerife estudia un recurso, aunque Domínguez se confiesa "sin esperanzas". El caso refleja un debate nacional: según el Consejo General del Poder Judicial, los desalojos por ocupación tardan una media de 18 meses en resolverse, un plazo que se alarga en propiedades turísticas.

En cualquier caso, el Hotel Callao Sport no es solo un conflicto local. Es un espejo de cómo la lentitud judicial y la falta de protocolos agravan un problema que, según Ashotel, ya es "una emergencia de seguridad pública". Mientras, familias como la de Margarita Domínguez ven cómo el sueño de generaciones se esfuma entre grietas legales y facturas impagables.