El pleno del Parlament ha aprobado el decreto ley del Govern que omite el uso curricular del castellano y busca proteger a los directores de los colegios ante la sentencia del 25 %.

El decreto ley ha salido adelante con los votos favorables de ERC, JxCat y los Comunes y el voto en contra del resto de partidos de la cámara.

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha sido el encargado de presentar ante el pleno del Parlament el decreto del Govern, que pretende "dar seguridad" a las escuelas y que hace a su departamento responsable de todos los proyectos lingüísticos que se aprueben en los centros.

"La lengua y el modelo de escuela catalana son una pieza fundamental del país", ha indicado Cambray, que ha reiterado que el decreto no busca aplicar "parámetros numéricos ni porcentajes" de idiomas en las escuelas, sino dar la máxima protección jurídica a los centros educativos.

El pasado 31 de mayo, el Govern aprobó un decreto ley para proteger a los directores ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordena garantizar un 25 % de clases en castellano, y que traspasa la responsabilidad que pueda derivarse de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación.

El texto habla abiertamente de "rechazar el uso de porcentajes", lo que ha motivado el voto en contra del PSC, que sí pactó con ERC, JxCat y En Comú la proposición de ley de uso de las lenguas en la enseñanza.

En el debate en el pleno, la diputada del PSC Esther Niubó ha asegurado que el decreto "rompe el acuerdo" al que habían llegado con ERC, JxCat y los comunes y constituye un "desafío innecesario" a los tribunales al explicitar que no se fijarán porcentajes de lenguas en los centros.

Quien sí ha votado a favor de este decreto ha sido el grupo de En Comú Podem, y su diputada Jessica González ha expresado que este decreto debe ayudar "a ordenar los nuevos proyectos educativos".

Tanto el PP como Vox y Cs ya han advertido de que llevarán el decreto del Govern ante el Tribunal Constitucional, así como la ley aprobada por las cuatro formaciones en el Parlament.