La organización de padres católicos CONCAPA ha reclamado "la devolución de las competencias educativas de las comunidades autonómicas al Gobierno central" para evitar, en su opinión, las "duplicidades, malas praxis, presiones, censuras y gastos innecesarios en el ámbito educativo".

En un comunicado, esta organización solicita también que la Alta Inspección del Estado "tome ya cartas en el asunto" para que exista un currículo académico "generalizado" en toda España, después de que los editores de libros de texto estimen en 51.530 el número de títulos que hay actualmente en España, "originados por las presiones de las comunidades autónomas, lo que conlleva un coste económico desorbitado", según CONCAPA.

En un comunicado, CONCAPA recuerda que su presidente, Pedro José Caballero, denunció en 2017 el "enorme coste" para "administraciones y familias" que genera la edición de tantos libros de texto. "Mientras en España el volumen es de más 50.000 títulos, en Francia la cifra es sólo de 2.000", asegura la organización.

"En definitiva, se trata de una de las consecuencias de tener 17 sistemas educativos y de la arbitrariedad y falta de control económico con que actúan muchas de las administraciones autonómicas, algo que solo se puede solucionar con un Pacto Educativo que permita una estabilidad normativa común para todo el Estado, evitando el uso especulativo de recursos públicos, sobre todo en educación", apostilla CONCAPA.

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, culpó el pasado viernes a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular y también conocida como 'Ley Wert', de la proliferación "desmesurada" de libros de texto en las diferentes comunidades autónomas, como han denunciado los editores, con los que se reunirá el próximo miércoles "para conocer de primera mano qué dicen ahora".

Un día antes, el pasado jueves, el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, aseguró que todas las comunidades autónomas presionan personalmente a los editores de libros de texto mediante "mecanismos bastardos" para modificar o incluir contenidos.