Nueve ONG de refugio, migración, derechos humanos y cooperación han exigido al Gobierno español que ponga fin a las devoluciones sumarias de migrantes en la frontera, con motivo de la celebración este martes 18 de diciembre del Día Internacional de las Personas Migrantes.

"Apelamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios a que deroguen la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería como un primer paso para hacer realidad estos compromisos y a parar la práctica de las devoluciones ilegales en frontera", subrayan.

Así lo piden Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge, Ayuda en Acción, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Fundación Entreculturas y Oxfam Intermón, bajo el hashtag #DerechosEnLasFronteras.

Las organizaciones critican que "a pesar de que Pedro Sánchez se comprometió a poner fin a este abuso, con la derogación urgente de esta disposición, en los seis meses de su gobierno se han seguido llevando a cabo tanto devoluciones sumarias como devoluciones exprés en aplicación del Acuerdo de readmisión entre España y Marruecos de 1992".

En ninguno de los dos casos, según precisan, se garantiza que se protegen los derechos que asisten a estas personas. En el caso de las primeras, las devoluciones sumarias, avisan de que se llevan a cabo "sin las debidas garantías, porque las personas no tienen acceso a procedimientos individualizados de asilo".

Mientras, sobre las "devoluciones exprés", advierten de que se realizan con tal "celeridad" que "difícilmente puede asegurarse el acceso a una asistencia letrada y de intérprete en condiciones adecuadas, a una identificación apropiada de potenciales solicitantes de asilo o miembros de colectivos con necesidades específicas" como menores no acompañados (MENA), víctimas de trata, personas LGBTI, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, entre otros.

Las ONG precisan que el Estado tiene "la obligación de garantizar los derechos humanos" y, por tanto, consideran que esta práctica de las devoluciones sumarias supone "una vulneración del principio de no de devolución, y puede además, infligir un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan la frontera, y poner en riesgo su vida, su integridad o su libertad".

Además, recuerdan al Gobierno la reciente firma del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, que aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a "respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas".

Ahora, según indican, es el momento de actuar pues el Congreso de los Diputados debate la reforma sobre la denominada "ley mordaza", que incluye "una disposición con la que se da una falsa cobertura legal a las devoluciones sumarias".

En 2015 había aproximadamente 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, el 3,3 por ciento de la población mundial, según el último informe de la OIM. Además, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 68,5 millones de personas habían sido expulsadas de sus hogares en todo el mundo a finales de 2017. De esta cifra, los refugiados representaron 25,4 millones.