El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publica hoy la Modificación de Plan General Metropolitano (MPGM) impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, que obliga a que un 30% de las viviendas nuevas que se construyan o reformen en la capital catalana sean de protección pública y precio asequible.

La medida que entra en vigor hoy es pionera en España y tiene su origen en una propuesta presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el observatorio DESC, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) y el Sindicato de Inquilinos para aumentar los pisos asequibles de la ciudad y garantizar el derecho al acceso a la vivienda.

El Ayuntamiento prevé que, con esta medida, a la que se han opuesto los constructores y promotores inmobiliarios, se conseguirá hacer crecer el parque de vivienda asequible en unos 334 pisos nuevos cada año, además de garantizar una "correcta distribución territorial de los pisos".

La norma publicada hoy establece que los precios serán asequibles: un piso de 80 metros cuadrados costará alrededor de unos 510 euros al mes si es de alquiler y 136.000 euros si es de venta.

"Se trata de un hito sin precedentes en España, ya que Barcelona es la primera ciudad que implanta una regulación de estas características, de forma similar a como ya se ha desarrollado con éxito en ciudades como Nueva York, París o Londres", han subrayado fuentes municipales.

El Consistorio espera también que la entrada en vigor de esta medida servirá para regular el mercado inmobiliario y exigir a los promotores privados que se corresponsabilicen con el entorno urbano que otorga valor a sus propiedades.

Concretamente, la MPGM establece que las promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados de techo construido o por construir en un solar tengan que destinar un 30% de superficie a viviendas de protección oficial.

Las viviendas protegidas serán de régimen general y estarán sometidas al derecho de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

El Consistorio ha calculado que más del 50% de las nuevas viviendas asequibles se ubicarán en barrios céntricos, que son donde hace más falta la vivienda protegida y donde se está sufriendo más la gentrificación y la expulsión de vecindario.