Mientras España tirita de frío, hay cerca de 5 millones de personas que no pueden pagar la factura de la calefacción, la luz o el agua caliente. Son datos oficiales de Eurostat que tienen nombre y apellidos, como el caso de Juanita Sanchez Antequera.

COPE ha hablado con esta anciana de 90 años en su piso de Madrid, donde “no hay radiadores y ha dejado de usar el calentador de agua para que no le suba la factura de la luz”. Juanita nos contaba que “anoche se echo una mantatíta más porque, como no se mueve, tenía frío. Pero eran demasiadas y le pesaban”.

Juanita es viuda, su hijo murió hace años y capea el temporal recurriendo a las ayudas que le ofrecen desde la oficina de Cáritas en el barrio de Chamberí. “El párroco me pregunta todos los días qué he comido y cómo voy a abrigarme y yo le digo que estoy bien, que me voy apañando”.

Las ONGs se vuelcan para ayudar a los “pobres energéticos” y que no les corten el suministro de energía. Eva es trabajadora social de Cáritas Madrid y nos contaba en COPE que lo primero que hacen es pagarles “esa factura de la luz que hará que tengan algo de calor en casa”. Después les acompañan a sus viviendas para intentar mejorar lo que suelen ser pésimas condiciones de habitabilidad. 

“Tienen humendades, está mal aislada y se les va lo que puedan calentar por las ventanas. Otras de la cosas que más nos preocupan es el hacinamiento que les obliga a dormir en la terraza, el salón o en habitaciones donde hay 4 o 5 personas”, nos explicaba esta voluntaria de Cáritas.

“A la gente le da vergüenza reconocer que vive sin electricidad”, decía Eva en COPE, para añadir que los perfiles habituales son dos: mayores de 45 años que llevan más de un año desempleadas, ya han agotado los subsidios y no tienen una red social o familiar, y familias jóvenes con niños, en su mayoría inmigrantes y desempleados ambos.

Según datos oficiales de Euroestat, 5,1 millones de españoles (el 11% de los hogares) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, de los cuales 4,2 millones (8%) reconoce tener retrasos en el pago de las facturas domésticas.

La ONGs le recuerdan al Gobierno que combatir la pobreza energética debería ser una prioridad política y se quejan de que los sucesivos cambios en el bono social han impedido aplicar un sistema real y práctico de ayudas como tiene en la Unión Europea. El bono social anterior se renovaba automáticamente, pero en el actual obliga a todos a presentar documentación que, en el caso de los inmigrantes, por ejemplo, suele ser imposible conseguir.