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El PP exige al Gobierno que derogue la cotización obligatoria de las prácticas académicas o las bonifique al 100%

El PP exige al Gobierno que derogue la cotización obligatoria de las prácticas académicas o las bonifique al 100%

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 17:27

El PP ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que derogue la disposición adicional, incluida en el decreto ley de la Seguridad Social aprobado por el Gobierno el pasado diciembre, en el que se recoge la cotización obligatoria de las prácticas académicas

Los 'populares' señalan en el texto registrado, que llevará a debate y votación a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de la Cámara, que en el caso de que esta derogación no se lleve a cabo, al menos, se bonifique el 100% de las cuotas de cotización a la Seguridad Social de los alumnos.

La formación ha señalado que su objetivo es "garantizar la oferta y calidad de las prácticas académicas no remuneradas de los alumnos", tanto lo que cursan grados y máster, como los de Formación Profesionel de grado medio o superior, que son los que están incluidos en el decreto ley del Ejecutivo.

Este texto del equipo de Sánchez ha sido polémico desde un inicio ya que deja la puerta abierta a que sean las universidades quienes tengan que ocuparse de estas cotizaciones. Tanto rectores como parte de la comunidad educativa pidieron al Gobierno que rectificase.

LA CALIDAD DEL SISTEMA, EN PELIGRO

Con el real decreto ya aprobado, el Ejecutivo socialista se comprometió con las universidades a desarrollar un reglamento que las eximiera. Este cambio y la falta de concreción en la disposición del decreto ley ha derivado en una comparecencia de la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en el Congreso, a petición del PP, y que se ha producido este martes.

En su intervención, la ministra pidió a los 'populares' que reclamaran las explicaciones al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dirigido por Magdalena Valerio, por ser este departamento el que redactó el decreto.

Para los de Pablo Casado, "si el Gobierno pretendía facilitar la labor de la Inspección de Trabajo para controlar las tareas de los estudiantes" con esta iniciativa, no lo ha conseguido, ya que, a su juicio, se pone en peligro "la calidad del sistema universitario".

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