Ecologistes pide investigar la reducción de caudales del Ter, Llobregat y Muga por la sequía

Critican que se reducirán en un 92% y que afectará a la vida piscícola

Ecologistes de Catalunya ha anunciado que este lunes presentará una denuncia ante el Fiscal de Medio Ambiente de Barcelona para que abra diligencias de investigación penal por el acuerdo del Govern del 16 de enero para reducir los caudales ecológicos en situación de emergencia por sequía en los ríos Muga, Llobregat y Ter, ya que considera que con esta "reducción salvaje" se afecta la preservación de la biodiversidad.

En rueda de prensa este lunes, el presidente de Ecologistes de Catalunya, Joan Vàzquez, ha apuntado que este acuerdo de Govern supone "reducir de media un 92% los caudales de los ríos Muga, Llobregat y Ter", y afirma que con la denuncia quieren que Fiscalía investigue de oficio si se ha podido incurrir en algún delito contra el medio ambiente de los previstos en el Código Penal.

El acuerdo del Govern implica que, en el estado de emergencia, el río Muga reduciría su caudal de 1.200 a 40 litros por segundo; el Llobregat de 1.500 a 600; y el Ter de 4.300 a 250, y la entidad afirma que la suma de estas reducciones supone una reducción total del 92% de los caudales.

"Nunca ha habido ningún precedente en la historia hidrográfica de Catalunya en el que alguien se haya atrevido a bajar este porcentaje", ha alertado, y recuerda que los caudales ecológicos son esenciales para los ríos de las cuencas internas catalanas.

Cree que con esta reducción del caudal del río es "imposible cumplir el primer criterio de este acuerdo, que dice que el establecimiento de los caudales ecológicos debe permitir conservar la vida piscícola y la vegetación" de estos ríos.

LA ACA, POSIBLE RESPONSABLE

La entidad quiere que Fiscalía solicite al Govern los estudios técnicos e informes que "avalen que quitando estos caudales los ríos pueden sobrevivir", y ha recordado que los espacios afectados forman parte de la Xarxa Natura 2000 y que, por tanto, son espacios naturales protegidos.

La demanda es contra la dirección de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), y se apunta como posible responsable de "acciones presuntamente delictivas" a su director, Samuel Reyes, por elaborar las directrices y planes que ha utilizado el Govern para aprobar la reducción del régimen de caudales mínimos en situación de emergencia por sequía.

"Es un autentico atentado contra el medio ambiente pretender secar prácticamente los ríos", y han pedido a Fiscalía que paralice el acuerdo de Govern por su afectación al medio ambiente.

Por otro lado, la ambientóloga Elena Mur ha lamentado el consumo de agua por parte de grandes empresas en municipios catalanes, ya que son "grandes consumidores, el negocio es privado y la producción se va para fuera, dejando al río sin agua y sin vida".