La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han exigido hoy al Gobierno que asuma la competencia de los menores extranjeros no acompañados (menas) porque su labor no puede ser la de una "mera coordinación" entre comunidades autónomas.

Lo ha hecho en un comunicado en el que subraya que los casi 12.000 menas que hay en España son una cuestión de Estado y, como sucede con la inmigración, debe ser asumida como una competencia estatal "también cuando las personas inmigrantes son menores de edad no acompañados".

"Por eso corresponde al Gobierno de España adoptar las medidas necesarias para acometer la situación de estos menores con perspectiva de Estado y en cumplimiento de los más elementales Derechos Humanos, y no una mera coordinación de las comunidades y de su voluntad de colaborar o no en su acogida", recalcan.

En este sentido, la asociación recuerda que ya existen precedentes como en la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando se establecieron cupos para distribuir a los más de 30.000 inmigrantes que recalaron en las islas Canarias.

Sin embargo, ante el gran incremento de menas en los últimos meses, el Ejecutivo "responde con la pírrica cantidad de 40 millones de euros como subvención", critica la Asociación, que lamenta además la "desalentadora" respuesta que han dado las autonomías a esta crisis.

De asumir su responsabilidad, el Gobierno debería acarrear con el coste de la atención de estos menores, "y eso no se puede resolver con subvenciones a las comunidades autónomas, sino con una política global y, en su caso, con una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado".

Por otra parte, los directores y gerentes de servicios sociales instan a "repensar" el sistema de protección de los menores, muchos de los cuales tienen que someterse a pruebas forenses para acreditar su minoría de edad.

El aumento de las llegadas de estos chicos, aseguran, "tiene mucho que ver" con Marruecos y el hecho de que quiera implantar un servicio militar obligatorio.

Por ello, consideran "imprescindible" una acción exterior efectiva de la diplomacia española para analizar esta situación y poner medidas en origen que eviten este "éxodo de jóvenes menores de edad no acompañados".