Un total de 137 hijos de mujeres asesinadas por violencia de género han recibido pensiones o prestaciones de orfandad desde 2019 hasta abril de 2021, pero desde la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla alertan de que el ritmo de concesión de estas ayudas decrece.

Desde 2013, año en que empezó a registrarse el número de menores huérfanos de la violencia de género, 310 menores han perdido a sus madres como consecuencia de crímenes machistas. A esa cifra hay que sumar, solo entre 2013 y 2018, 215 hijos mayores de edad cuyas madres fueron asesinadas.

En 2019 se aprobó una ley que introdujo dos figuras para mejorar la situación de orfandad de los menores que hayan quedado huérfanos porque su madre ha sido asesinada en un crimen machista: una prestación no contributiva y el incremento de la pensión en los supuestos en que las prestaciones fueran muy exiguas.

Desde entonces, 137 menores han recibido ayudas: 62 la pensión de orfandad, 42 prestaciones de orfandad y otros 33 una mejora de las pensiones previas que percibían antes de que se aprobara la ley, han informado este lunes en rueda de prensa la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla.

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha indicado que la ley 3/2019 ha mejorado la situación de los huérfanos, ha sido "un elemento positivo de reparación del daño" de estos niños, pues desde su aprobación 42 familias han recibido una pensión a la que no habría tenido derecho con la ley anterior y otras 33 han visto incrementada su pensión de orfandad desde niveles muy mínimos.

Sin embargo, la tendencia de concesión ha disminuido y en 2021 tan solo se ha producido una mejora y se ha otorgado una prestación, ha precisado durante la presentación del V Informe anual sobre la situación de los huérfanos de la violencia de género.

Soleto ha incidido en que la ley debe modificarse para incluir supuestos de víctimas que no pueden beneficiarse en la actualidad: los huérfanos que sean adoptados pierden la prestación -algo que no debería ocurrir en casos de situación de vulnerabilidad- y los hijos de madres asesinadas por una pareja que no es su padre no tienen derecho a percibir ayuda. También considera necesario incorporar un tercer supuesto de hijos de familias monomarentales.

Por su parte, desde el Fondo de Becas, Joaquín García Cazorla ha explicado que la ley se debe cambiar para evitar la tributación indirecta de bienes de los menores huérfanos: en la actualidad, quienes reciben patrimonio como indemnización civil han de tributar por ello.

Tanto la Fundación Mujeres como el Fondo de Becas han insistido en que se debe mejorar la información que se ofrece tanto a las familias de las víctimas como a la propia administración para la gestión de estas ayudas, así como la sistematización de datos y procedimientos.

En cuanto a la actividad del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, desde que comenzó hace cinco años, se han tramitado un total de 90 ayudas a los huérfanos de la violencia de género, por un importe que asciende a 156.200 euros, de los que se han beneficiado 32 familias y 54 huérfanos de la violencia de género.

En 2020, se concedieron 30 becas por un valor de 51.000 euros, destinadas al refuerzo y apoyo educativo y psicológico de estos huérfanos. Han sido destinadas a 17 familias, 25 menores y tres mayores de edad y otros dos menores que se han beneficiado de unas ayudas extraordinarias por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia.

Además, el servicio de asesoría jurídica gratuita ha atendido 60 consultas, 101 desde su creación en 2019, y en su gran mayoría han tenido que ver con la obtención de información de expedientes para solicitar el incremento de la pensión de orfandad.