El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, integrado por la Generalitat y el ayuntamiento de la ciudad, no dio publicidad ni concurrencia pública a 23 contratos a empresas y fundaciones por valor de unos 20 millones de euros, ha constatado la Intervención General de la Generalitat de Cataluña, según ha denunciado hoy CGT.

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha asegurado este miércoles que "muchas" de las recomendaciones que ha hecho la Intervención General de la Generalitat sobre el funcionamiento del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona ya han sido subsanadas.

Este Consorcio es un ente público constituido por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona y se ocupa de programar, prestar y gestionar los servicios sociales en la ciudad, la totalidad de los recursos residenciales de la infancia y la adolescencia, personas con discapacidad y mujeres, así como recursos asistenciales de jóvenes y personas con drogodependencias.

"De los 27 expedientes fiscalizados, 23 fueron otorgados de esta forma, llegando a dar más de 20 millones de euros a empresas y fundaciones sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia pública", ha denunciado hoy CGT respecto a este Consorcio, citando un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña elaborado el año 2017 respecto a la situación de esta entidad en el 2014.

Además, se habrían pagado sobresueldos irregulares de más de dos millones de euros solo en 3 años, según la denuncia del sindicato.

Los datos facilitados por este sindicato hoy se remiten a informes de la Dirección y Supervisión de control financiero del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona para los ejercicios 2015 y 2017 y también del año 2019 de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña.

En este último informe, la Intervención General indica que "en términos generales, la entidad (el Consorcio) no tiene establecidos procedimientos de control interno o bien no deja constancia de la implementación de estos para las principales áreas de actividad".

Así, la Intervención constata que "el Consorcio no ha analizado con suficiente rigor los impactos de la covid-19 para detallar la previsión de gastos así como de las necesidades de financiación que se deriven" de la pandemia y sus graves consecuencias.

Por lo que se refiere a los gastos de personal, se indica que "se desconocen las posibles responsabilidades que se hayan podido producir al pagar complementos sin la tramitación adecuada, según dispone el artículo 34.5 de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2020".

El año 2015 se pagaron en sobresueldos por encima de convenio 352.379 euros; el año 2017 un total de 328.726 y el 2019, otros 256.000, según ha asegurado CGT.

En el informe de 2017 de la Sindicatura respecto de los datos del Consorcio del año 2014 ya se alertaba de que se pagaron tres pagas extras a algunos trabajadores.

Según el informe del ejercicio de 2019, la Intervención General de la Generalitat alerta de que el Consorcio "licita los contratos de servicios sociales con una vigencia de un año prorrogables hasta un máximo de cinco. Tal y como se ha expuesto en anteriores informes de control financiero, esta práctica no se considera correcta" y que "en los procedimientos negociados no se acreditan los términos de negociación con el adjudicatario".

La Intervención valora, no obstante, que estos aspectos son "correctos con deficiencias débiles con necesidad de mejoras", mientras que por lo que se refiere a la parte de gestión de personal se apunta a que los datos son "correctos parcialmente con deficiencias importantes".

En este sentido, se destaca que el Consorcio no ha facilitado la información necesaria sobre el incremento máximo de la masa salarial en 2019 respecto a 2018 ni tampoco sobre el cumplimiento de la tasa de reposición de personal y que "en algunos procedimientos de contratación de personal temporal no se ha acreditado que se cumplan los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad".

Al respecto, la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha considerado que el Consorcio de Servicios Sociales "tiene entidad jurídica propia" y que "me consta que muchas de las recomendaciones (por la Intervención General) ya están subsanadas. Estaremos atentas" a su seguimiento, ha indicado.

Fuentes del departamento han informado de que "estamos en contacto con la gerencia del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona y hemos creado un grupo de trabajo para hacer un seguimiento de la situación".

"Iniciaremos - han añadido - una revisión de oficio respecto a las retribuciones a determinados trabajadores".

Los responsables del departamento se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para convocar "en breve" una reunión del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona. EFE

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