El profesor de Medicina Legal y director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, Miguel Lorente, ha denunciado hoy que pese a la existencia de "elementos objetivos" de violencia de género, esta no haya sido suficientemente investigada en el caso de Juana Rivas.

Lorente, que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género y que ha intervenido en el proceso civil seguido en Italia por la custodia de los hijos de Rivas y Francesco Arcuri, ha dicho que el estudio del caso demuestra la existencia de "elementos objetivos" de ese maltrato que deben ser investigados.

"El problema es que la violencia no se está investigando y algunas de las consecuencias de esa situación se están interpretando como manipulaciones de Juana Rivas", ha asegurado en declaraciones a los periodistas este experto, que ha lamentado que se apunte a la existencia de un síndrome de alienación parental que ha conllevado la adopción de medidas "contrarias" al bienestar y seguridad de los menores.

"Juana no quiere que se le dé la razón, está pidiendo que se investigue la violencia que ha denunciado y que hasta ahora no se ha hecho en forma ni en el tiempo que requiere", ha insistido.

Preguntado sobre si ve justificado que Rivas incumpliera las órdenes judiciales de restitución de sus hijos a su expareja, ha asegurado que se trata de una "decisión humana" que debería integrarse en el proceso judicial ante una situación de riesgo.

También ha sostenido que Rivas, además de la violencia, haya podido sufrir una "victimización secundaria" por no haber recibido una respuesta ajustada a los elementos que caracterizaban su caso.

Lorente ha hecho estas declaraciones con motivo de su intervención en la jornada "La protección de los hijos e hijas víctimas de violencia de género: el caso Juana Rivas", que ha acogido esta mañana la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Granada.

La directora del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) y profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Francisca Granados, que además ha ejercido de asesora jurídica de Rivas, ha explicado que las respuestas judiciales en el caso de Juana tenían que haber sido "distintas".

"El problema no lo podemos achacar a la falta de legislación o normativa, aunque nuestro sistema sea totalmente mejorable, con el marco jurídico las respuestas tenían que haber sido distintas", ha indicado Granados, que se ha referido a la "violencia institucional" sufrida por la vecina de Maracena.

"Juana Rivas es un ejemplo especialmente significativo de violencia institucional", ha insistido la asesora, que cree que el Estado debe corregirla y adaptar medidas para que "determinados funcionarios hagan lo que tienen que hacer".