El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) apoya la supresión del término "disminuido" de la Constitución, si bien ha mostrado sus reservas a las "deficiencias" resultantes en el nuevo redactado del proyecto de reforma de la carta magna que ha propuesto el Gobierno.

Lo ha hecho en un manifiesto publicado este jueves después de que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley arrancara la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

"Esta deseada actualización no puede conllevar efectos no deseados y perturbadores en los derechos de las personas con discapacidad como los propuestos en el proyecto de reforma del actual Gobierno", indica el Consejo, que subraya además que esta reforma no supone "ninguna mejora material" en los derechos de las personas con discapacidad.

Tras recalcar la importancia de la eliminación del término "disminuido", el CEDDD señala que el Consejo de Estado ya advirtió de la necesidad de introducir cambios en la propuesta del Ejecutivo "para evitar un resultado 'perturbador', lo cual desgraciadamente no ha sucedido en el texto final".

Así, el Consejo rechaza que en el primer apartado de la reforma se proclame la titularidad de los derechos y deberes constitucionales de las personas con discapacidad, ya que este enunciado parece sugerir que sin este reconocimiento expreso no tendría lugar esa titularidad.

En su apartado segundo, añade el manifiesto, se constitucionaliza la participación de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en la adopción de las políticas públicas, lo que también rechaza el CEDDD al considerar que de esa forma se excluye a algunas entidades que también trabajan "por y para" el colectivo.

También censura el Consejo la alusión específica que se hace en ese apartado para atender "particularmente" las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, puesto que puede ser "no del todo aconsejable" cuando su protección especial ya está contemplada en la Constitución, "al ser la igualdad un principio superior del ordenamiento jurídico en el artículo 14".

Por último, el manifiesto indica que el apartado cuarto del nuevo enunciado establece que las personas con discapacidad gozarán de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España, una redacción que "no es necesaria ni conveniente por razones de técnica normativa", ya que los derechos reconocidos en los tratados internacionales están ya garantizados.

La redacción del artículo 49 de la Constitución que propone el CEDDD es:

1. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias.

2. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.