La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha denunciado hoy que el Gobierno ha pagado 2.130 millones de euros de más a las farmacéuticas que comercializan los medicamentos de nueva generación y ha pedido al Ministerio de Sanidad un plan de salud frente a esta enfermedad.

Afectados, profesionales sanitarios y representantes de partidos políticos han participado hoy en un acto con motivo de la celebración mañana del Día Mundial contra las Hepatitis, que ha contado también con la presencia de la alta comisionada para la pobreza infantil, María Luisa Carcedo.

El presidente de la Plataforma, Damián Caballero, ha señalado que, según las cifras del Ministerio, se ha pagado 21.500 euros de media por tratamiento. Teniendo en cuenta que ya lo han recibido más de 100.000 pacientes, la industria farmacéutica ha recibido 2.150 millones de euros.

Según Caballero, si los afectados hubiesen tratados con genéricos (una ONG va a lanzar al mercado un genérico con un coste de 300 euros), el gasto hubiese sido de 30 millones, por lo que "se han regalado 2.130 millones a las farmacéuticas".

"Lo que está en juego es la supervivencia del Sistema Nacional de Salud", ha advertido.

Por ello, la plataforma va a poner en marcha una recogida de firmas con el objetivo de llegar a 500.000 y entregarlas en el Congreso de los Diputados para pedir que "se cambien las reglas del juego" en el acceso a los medicamentos.

Caballero ha lamentado que en los cuatro años que lleva en marcha la plataforma no "hayan tenido ni una sola reunión con el Ministerio de Sanidad a pesar de las peticiones que les hemos hecho" y ha anunciado que el próximo martes van a mantener un encuentro con representantes del nuevo equipo de Sanidad "para discutir un plan de trabajo".

A la accesibilidad a los fármacos se ha referido también la representante del Gobierno, quien ha dicho que se trata de "uno de los grandes desafíos" del SNS, y ha pedido una reflexión sobre cómo está planteado el proceso de investigación para llegar a nuevos medicamentos y el beneficio o resultado económico.

A su juicio, hay que abrir un debate respecto a qué se investiga y quién investiga y cómo reporta beneficio a la ciudadanía, ya que los medicamentos son "un bien público", que deben ser accesibles a toda la población sin poner en riesgo el SNS.