El pin parental que ya se aplica desde septiembre en las aulas de la Región de Murcia busca hacer obligatorio que los centros informen a los padres de cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad que puedan ser intrusivas para la concicencia y la intimidad de un niño o adolescente. En definitiva, que los padres puedan decidir si sus hijos deben o no asistir a esta tipo de formaciones. Para el Gobierno el pin parental es una censura previa, mientras que los padres que defienden esta medida lo consideran una reacción lógica de los padres a la intromisión del Estado en asuntos que competen a cada familia.

"Los que tienen que garantizar esa libertad de los menores somos los padres", asegura Pedro Caballero, el hombre que está al frente de la asociación de padres CONCAPA. Consideran que, lejos de buscar consensos con su amenaza de llevar el PIN parental a los tribunales, el Gobierno trata de polarizar y dividir aún más a la comunidad educativa y piden que se respete el derecho de los padres a poder educar a sus hijos conforme a sus valores y convicciones y libertad para las familias a la hora de elegir el centro educativo que eligen para sus hijos.

"El pin pide autorización expresa de los padres porque el Estado, ampliando sus competencias y vulnerando los derechos de las familias, está entrando en el ámbito de lo familiar, religioso y moral", asegura Caballero a COPE.

Además, cree que el papel que ha tomado la ministra Celaá no ha ayudado a lograr el deseado pacto educativo. "Celáa tenía que haber abanderado ese diálogo y ese sosiego para no incendiar más a las familias y al sistema educativo. Ella debería abanderar lo que le hemos pedido mil veces: un pacto educativo en el que saquemos la política de la Educación y empecemos a trabajar en lo que nos une", ha concluido.