Una democracia no puede funcionar cuando sus instituciones se niegan a acatar las sentencias judiciales amparándose en formas de justicia social paralelas, propias de regímenes populistas. La mesa del Congreso de los Diputados, de mayoría de izquierdas, impidió ayer que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitar al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, con la pena añadida de pérdida del escaño.

Con esta decisión, la Mesa del Congreso no solo está reinterpretando la sentencia, sino que impide que se ejecute lo dictado en un desafío sin precedentes al Tribunal Supremo. Es inaceptable que una mayoría parlamentaria decida qué sentencias se deben ejecutar y cómo, alterando los principios de igualdad de todos ante la ley y de seguridad jurídica.

Lo que ha ocurrido plantea un conflicto de competencias entre los poderes del Estado en un proceso de creación de una justicia paralela por parte de los partidos de la coalición del Gobierno. Por eso ha sido acertada la decisión del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, de solicitar a la presidenta del Congreso que remita el informe sobre la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación del diputado de Podemos. No podemos ni imaginar qué ocurriría si el diputado en vez de ser de Podemos hubiera sido del PP o de VOX.