Pocas horas después de que el juez Llarena dejara en libertad sin cargos a la exconsellera de la Generalitat y eurodiputada Clara Ponsatí, esta ha tomado un vuelo con destino a Bruselas para participar en un pleno del Parlamento europeo. Ponsatí había regresado a España tras permanecer cinco años fuera de nuestro país, de donde había huido para no afrontar sus responsabilidades. Tras la reforma del Código Penal que impulsó el Gobierno de Sánchez, una vez derogado el delito de sedición, el juez Llarena sustituyó el delito que se le imputaba a la exconsejera por el de desobediencia, y dictó una orden de detención y puesta a disposición para que fuera a declarar. El cambio de criterio provocado por la reforma del Gobierno ha hecho que no se le pueda juzgar tampoco por desórdenes públicos agravados, con lo que la pena máxima será como mucho de inhabilitación.

Al entrar en España, con una actitud de desafío propia de quien se sabe impune, declaró que había venido con el objetivo de “denunciar la vulneración sistemática” de los derechos de los catalanes y para “plantar cara” al Estado. Esa vulneración sólo existe en el imaginario de los independentistas, empeñados en una actitud victimista que resulta cómica en casos como el de Ponsatí.

Lo que es evidente es que la reforma del Código Penal diseñada por Sánchez al dictado de sus socios está debilitando el Estado de Derecho y ha envalentonado a los actores principales de un golpe contra la Constitución y contra la unidad de España. Los que han atentado contra las leyes son ahora los que pretenden dar lecciones al Estado.