El Gobierno ha presentado hoy lo que pomposamente llama “Plan de Respuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los Poderes Públicos”. Una vez más, el Ejecutivo quiere poner a la Iglesia en la picota, a cuenta de un drama social que no se empezará a atajar mientras no se aborde con verdad en toda su complejidad. Todos los informes mínimamente serios señalan que la Iglesia ha tenido en torno a 1500 víctimas en los últimos 80 años. Son víctimas a las que la Iglesia reconoce y acompaña para reparar el daño causado en la medida de lo posible, también en lo que se refiere a reparación económica. La Iglesia no sólo está tomando la iniciativa, sino que su forma de actuar bien puede ser un modelo para otras instituciones.

El Gobierno miente cuando justifica, a través del ministro Bolaños, que este plan se ciñe a las víctimas que sufrieron abusos en ámbitos eclesiales porque en los años 50, 60 y 70 el problema estaba en la Iglesia Católica. ¿Sobre qué datos se funda semejante afirmación? Este sectarismo, unido al humo propagandístico con que se ha presentado el tema, muestran que el Gobierno está pensando en otra cosa, que no es precisamente el bien de las víctimas. Como ha señalado en una nota la Conferencia Episcopal, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas.

La Iglesia sigue profundamente comprometida en resarcir, reparar y acompañar a las víctimas, pero no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, en un texto que, además, parte de un juicio condenatorio a toda la Iglesia basado en meros prejuicios sectarios.