Desde esta mañana media España se encuentra ya en la Fase 1 de desescalada, con lo que puede realizar actividades como reunirse con sus familiares, comprar sin cita previa o sentarse en una terraza. El modo en que el Gobierno decidió qué territorios han podido pasar a esta fase ha sido objeto de polémica y probablemente no les falta razón a algunos presidentes autonómicos, del PP y del PSOE.

Pero ahora la cuestión esencial es que todos tengamos claro que la pandemia no se ha acabado. La desescalada se está realizando sin datos de seroprevalencia concluyentes. No tenemos más que algunos indicios muy aproximados de cuántos españoles están inmunizados. El seguimiento de la incidencia del virus está ahora en la red de Centros de Salud. Los médicos de atención primaria ya han denunciado que no cuentan con recursos para realizar un trabajo de seguimiento y rastreo. En otros países las tareas de rastreo de los positivos, que identifican los posibles nuevos contagios, se están realizando con miles de personas contratadas a tal efecto. Algo que no hemos hecho nosotros.

Las autoridades sanitarias ya han advertido que en la vuelta a la normalidad hay que considerar la posibilidad de que se den pasos atrás. Es evidente que es necesario recuperar, cuanto antes, una actividad económica que suavice de algún modo las consecuencias de la crisis en la que estamos. Pero los bienes de la salud y de la vida tienen que preservarse y el camino es incierto. Ese camino requiere responsabilidad política y responsabilidad social.