Madrid - Publicado el - Actualizado
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Lo que tantas veces se ha anunciado ante la sordera de los poderes públicos se acerca a pasos agigantados. Según los datos recogidos por el diario ABC, en los últimos diez años la nómina mensual de las pensiones se ha elevado un sesenta por ciento, a medida que aumenta el número de los que adquieren el derecho a la pensión, sin que el crecimiento económico sea capaz de absorber el gasto. El problema es estructural en doble sentido: mientras las previsiones de crecimiento económico no son suficientes para afrontar la avalancha de jubilados, el índice de natalidad baja de manera alarmante. A medio plazo, este déficit de nacimientos y de recaudación de cuotas de seguridad social puede tener una solución de fortuna con la llegada masiva de nuevos emigrantes, lo que exige a su vez un equilibrio político, laboral y social. En realidad esta crisis no ha sido abordada con seriedad por ninguno de los gobiernos de las últimas décadas, y está directamente conectada con la viabilidad de nuestro sistema de bienestar. El problema exige un acuerdo sensato entre los principales partidos para administrar con más eficacia los fondos públicos, en armonía con los acuerdos de Bruselas. Pero ahí crece la gresca política e ideológica en lugar del sentido común. ¿Para cuándo un gobierno estable y un acuerdo que ponga sobre la mesa las cuentas públicas y las prioridades sociales?



