La Unión Europea ha acordado un plan de sanciones contra altos cargos del régimen nicaragüense. El comunicado parte del Consejo de la Unión Europea y se extiende al Presidente de la Asamblea Nacional, la Fiscal General y la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Rosario Murillo, Vicepresidenta del Gobierno y esposa del Presidente Ortega también figura en la lista de sancionados. Y, junto a ella, el hijo del matrimonio presidencial.

Se les acusa de graves violaciones de los derechos humanos, así como de socavar la democracia y el Estado de Derecho. Las sanciones son personales y no afectan al pueblo nicaragüense.

Ortega, Murillo y los afectos al régimen instrumentalizan la Justicia y acuden a las fuerzas de seguridad para afianzarse en el poder. Las detenciones de los líderes de oposición y candidatos presidenciales, la persecución a los medios de comunicación y a los empresarios tienen como única finalidad neutralizar cualquier atisbo de oposición a Ortega y a su proyecto político.

Daniel Ortega va a concurrir por cuarta vez consecutiva a las elecciones generales. El Congreso sandinista le ha ratificado por unanimidad con la voluntad de consolidar su reelección definitiva. Con el apoyo del poder electoral en manos del régimen y sin alternativa política, Ortega y Murillo han configurado un sistema a su medida, como bien denuncia la oposición.

Ante este panorama, la Alianza Ciudadanos por la Libertad corre el riesgo de fragmentarse. Sabido lo que ha sucedido en Venezuela tantas veces, si la oposición nicaragüense no consigue presentar un candidato único, las elecciones del día 7 de noviembre para Ortega y Murillo serán, simple y llanamente, un paseo triunfal.