La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ayer en el Congreso se ha convertido en el aval definitivo que Pedro Sánchez necesitaba para agotar la legislatura. Un aval con el alto coste de una modificación en el Código Penal que elimina de hecho el delito de sedición, y que pone en riesgo el futuro del sistema constitucional. Sánchez apuntala su alianza con la extrema izquierda y los independentistas a cambio de permanecer en el poder. No hay más que escuchar a Arnaldo Otegui decir que no habría gobierno de progreso si no fuera por el apoyo de quienes quieren marcharse de España, advirtiendo que “los procesos independentistas se pararán una vez, pero no se pueden parar siempre”.

No se trata solo de que se hayan aprobado unos Presupuestos alejados de la realidad económica, se trata de que el dinero de todos los españoles se ha convertido en moneda de cambio para apuntalar un proyecto destinado a acabar con la igualdad ante la ley y con la integridad territorial de España. Fortalecer a quienes quieren desmontar el Estado de Derecho y convertirles en cómplices necesarios de su proyecto tiene una clara dimensión moral y debiera tener un coste político para los socialistas. Aunque Sánchez piense que los votantes olvidarán lo ocurrido ayer en el Congreso en el momento de ir a las urnas en las próximas elecciones, los efectos de este pacto van a perdurar en el tiempo.