El Gobierno ha decidido cambiar la norma para los nombramientos del órgano de gobierno de los Jueces porque no consigue un acuerdo con el primer grupo de la oposición para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, como la vía de la negociación que impone la ley, conforme al mandato constitucional, no le funciona, recurre a una vía legislativa rápida como es la de una proposición de ley. Algo que evitará pasar previamente por los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

Es verdad que la falta de acuerdo con el PP bloquea la situación, pero no es menos cierto que las reglas de juego que afectan a los poderes del Estado no pueden cambiarse a instancias del Ejecutivo. Esta regla básica de un Gobierno parlamentario casa mal con el intervencionismo del Gobierno de Sánchez debidamente animado y sostenido por Unidas Podemos.

No es tarea del Ejecutivo intervenir en el modelo el gobierno de la judicatura y mucho menos hacerlo por la vía de urgencia y con criterios meramente aritméticos. En realidad, bajo la falsa apariencia de velar por el buen funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, lo que la reforma establecerá es el cambio en los modos de elección de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Lo que en la práctica supone alterar los pesos y contrapesos propios del Estado de Derecho que permiten que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se mantengan en equilibrio salvando cada uno su independencia.