Rompiendo con lo establecido en el Pacto de Toledo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado mediante decreto ley la reforma de las pensiones, que contempla la subida de las bases máximas de cotización, el incremento de las pensiones mínimas y un sistema en el que se permitirá elegir entre los últimos 25 o 29 años cotizados, descartando los dos peores. La reforma ha sido pactada con los sindicatos y rechazada por la CEOE, entre otras razones por no contener la memoria económica. En la presentación de la reforma, el ministro José Luis Escrivá se ha dedicado a defenderse de los expertos que consideran que esta medida pone en riesgo la competitividad de las empresas españolas y la creación de empleo.

Las pensiones son uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. El envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y la llegada a la jubilación de la generación del “baby boom” hacían obligada una reforma del sistema, que debería haber sido fruto de un pacto de Estado y no de la imposición de un modelo que añade costes directos a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas, y a los trabajadores. De esta forma se convierten las cotizaciones sociales en impuestos al empleo, lo que tendrá una repercusión en nuestro sufrido mercado laboral y provocará fuga de talentos por gravar los trabajos que requieren mayor cualificación.

No es cierto que Bruselas haya pedido esta reforma de las pensiones. Lo que le preocupa a la Unión Europea es que el sistema sea sostenible en el futuro, y es difícil encontrar un experto que considere que la reforma de Escrivá sirva para ese fin.