La renovación en la Corte Suprema de los Estados Unidos es una nueva oportunidad para azuzar el debate y la tensión pre-electoral. Trump se ha apresurado a proponer a una jueza de 48 años, Amy Coney Barrett, de cuyas capacidades nadie parece dudar. Nadie pone en cuestión el procedimiento seguido, aunque sí se discuta el momento, a poco más de un mes para las elecciones. Pero la cuestión sobre la que algunos han puesto el foco para impugnar ante la opinión pública la decisión del Presidente son, precisamente, las convicciones religiosas de la jueza. El problema, dicen, es que Barrett es católica, madre de siete hijos y contraria al aborto.

Nadie ha podido decir que no sea leal a la Constitución, del mismo modo que no se dijo que la recién fallecida Bader Ginsburg, icono de los sectores denominados progresistas, no sirviera con lealtad a su país y defendiera el orden constitucional. Lo que en Bader Ginsburg fue un mérito, ser una mujer de convicciones, en Barret parece ser un demérito, cuando no un impedimento. ¿Habrá que dar por sentado que ser católica impide ser una excelente jueza de la Corte Suprema? La polarización salvaje amenaza con destruir la convivencia.

Una sociedad plural y auténticamente libre es una sociedad que reconoce el valor público de las convicciones religiosas. Podrá discutirse, como ha hecho Biden, la oportunidad del nombramiento, pero lo que no puede discutirse es que en el servicio a la administración de justicia, los límites los marca la Constitución, y en eso Barret será tan leal como Ginsburg.