El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de iniciar la ronda de consultas para los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Al margen de un encuentro protocolario con el PP, lo importante ha sido la reunión del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con Gabriel Rufián, representante de Esquerra Republicana de Cataluña.

Y la que tendrá en los próximos días con el PNV y sus otros socios. Aunque no se descarta que Sánchez pueda acabar prorrogando los Presupuestos actuales si no consigue el apoyo suficiente, lo que está claro es que entramos en el escenario de un mercadeo en el que los independentistas juegan al chantaje. La permanencia de Sánchez depende de suculentas inversiones y transferencias, de la mesa de negociación con la Generalitat y de más beneficios económicos y fiscales para el País Vasco.

Estos Presupuestos deberían servir para acelerar la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia. Además de las dudas que acaba de plantear el Banco de España sobre las previsiones del Gobierno acerca del ritmo de la recuperación, Bruselas está mirando con lupa lo que va a hacer España. Los 75.000 millones de euros que tienen que llegar de Europa dependen en gran medida de una serie de ajustes en los capítulos que lastran tradicionalmente la política económica y que están relacionados con el déficit público, la reforma laboral y las pensiones. Esta situación debería mover a Pedro Sánchez a diseñar una hoja de ruta clara en su política económica. Algo que no es así en modo alguno.