El juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha citado, en calidad de investigada, a la exministra socialista Arantxa González Laya, por la llegada a España de Brahim Gali el pasado 16 de abril. El controvertido viaje del líder polisario a nuestro país supuso un importante incidente diplomático con Marruecos, que respondió de forma intolerable aumentando la presión migratoria sobre nuestras fronteras y dejando a miles de compatriotas literalmente abandonados a su suerte.

El jefe del Gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, admitió ante el propio juez que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Gali con identidad falsa y saltándose cualquier control, para que fuese hospitalizado y atendido por COVID. Por eso el juez investiga los posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras, en los que podría haber incurrido la exministra González Laya.

Más allá del recorrido judicial que pueda tener el caso, la imputación es relevante y sirve para recordar que un Gobierno democrático no puede hacer lo que le venga en gana y que el respeto de las normas y protocolos es una cuestión fundamental. No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez actúa así, ni la primera que la Justicia le saca los colores. Esperemos que el nuevo bochorno sirva para entender que el buen gobierno implica aceptar los cauces que establece la ley, más allá de intereses y oportunismos.