Alberto Rodríguez es diputado por Canarias y ex secretario de organización de Unidas Podemos. Hoy es noticia porque, acusado de atentar contra la autoridad y de causar lesiones a un policía, ha desafiado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con convertir su causa penal casi en un motivo de guerra contra la Justicia española.

Con un sonoro y desafiante "esto no va a acabar aquí", el Diputado acusa a la policía de hacer montajes para deslegitimar y desincentivar la lucha social y recurrir a listas secretas para acusar a personas inocentes. Alberto Rodríguez y la formación política a la que pertenece pretenden que la opinión pública crea que la policía española y los tribunales de justicia actúan movidos por intereses no solo contrarios a Podemos, sino, más aún, al propio Estado de Derecho. Es parte de su estrategia de deslegitimación de las instituciones. El problema es que la formación a la que pertenece el diputado Rodríguez no es cualquiera, sino la que sostiene parlamentariamente al Gobierno de España, así como el partido político al que pertenece la vicepresidenta segunda del Ejecutivo de Sánchez. Quizás por eso los dirigentes de Podemos se con fuerza suficiente como para intentar condicionar la actuación de la Justicia y poner en tela de juicio su legitimidad.

Rodríguez tiene derecho a recurrir la sentencia que le sea impuesta como cualquier otro ciudadano español. La administración de Justicia en un Estado democrático es siempre garantista y sometida a reglas. Por eso Alberto Rodríguez está teniendo un juicio justo, sometido a pruebas y alejado de cualquier forma de justicia política.