El Departamento de Estado Norteamericano acaba de publicar su informe anual sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo que, en esta ocasión, pone el acento en la persecución sistemática, que ha llegado hasta una sistemática limpieza étnica y religiosa, del llamado Estado Islámico, especialmente en Siria e Irak. Ni que decir tiene que las principales víctimas de esta persecución han sido las comunidades cristianas, a las que se añaden los yazidíes y los chiitas. Pero el informe, que se ocupa de la situación existente en doscientos países, llega a la conclusión de que las trabas a la libertad religiosa existe realmente en todo el mundo, al extremo de que cerca del ochenta por ciento de la población mundial es objeto de restricciones y actos hostiles que limitan su ejercicio de este elemental derecho humano.

En la lista de los países más beligerantes contra la libertad de conciencia figuran precisamente algunos que mantienen relaciones privilegiadas con Estados Unidos, como Arabia Saudita y Pakistán. En este contexto, la propia Norteamérica, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, no puede ponerse como ejemplo de tolerancia dadas las trabas administrativas impuestas a los viajeros musulmanes. Mientras tanto se está dando el caso contradictorio de que, bajo el impulso de las Naciones Unidas, se están generalizando las leyes contra la discriminación que sufren algunas minorías por su inclinaciones sexuales, mientras apenas merece la atención la sutil persecución que soportan las mayorías cristianas por parte de algunos partidos populistas emergentes. Se está viendo así cómo en democracias avanzadas, como la española, no dejan de surgir iniciativas destinadas a poner cada día más trabas a la libertad religiosa así como a erradicar de la sociedad la herencia cristiana, como subrayaba días pasados el cardenal don Antonio Cañizares.