Resulta paradójico que en el actual clima de parálisis legislativa y confrontación política uno de los pocos proyectos de ley que logra abrirse paso en el Congreso sea la eutanasia. El argumento es que ante la perspectiva de padecer sufrimientos intolerables y de hipotecar la vida de familiares y seres queridos, ¿quién va a rechazar que aquel que lo desee pueda decidir libremente acelerar lo inevitable de forma rápida e indolora? El planteamiento no puede ser más falaz. En una nota hecha pública esta semana, los obispos remiten a la dolorosa imagen de tantas personas que en los últimos meses han muerto en soledad, una verdadera tragedia humana, por mucho que hayan tenido acceso a paliativos y no hayan padecido dolor físico.

Pero la pandemia, recuerda la nota, “nos ha hecho caer en la cuenta de que somos responsables unos de otros”, y de que la muerte no es un asunto simplemente individual de cada uno. También recuerda la Conferencia Episcopal el aumento de los casos de suicidio, otra tragedia frente a la que a nadie se le ocurriría señalar que quienes se quitan la vida están en su derecho de hacerlo. Se desmonta así la falacia de presentar la eutanasia como la “muerte digna”. Lo que verdaderamente demanda la persona es otra cosa: ser acompañada. Y acceso a unos cuidados paliativos que, hoy por hoy, la sanidad española no debería tener excusas para no proporcionar a quien los necesite.