Línea editorial: "Deportaciones irregulares"

Esta semana, poco antes de que un avión despegase del Reino Unido para deportar a un grupo de solicitantes de asilo a Ruanda, llegó una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaba detener la operación. El Reino Unido no es parte de la UE, pero suscribió en su momento la Convención Europea de Derechos Humanos, y el Tribunal tiene jurisdicción en el país.

Jonhson, siempre en el alambre, ha puesto en marcha un programa de deportaciones de solicitantes de asilo para enviarlos a Ruanda. Ha suscrito un convenio de colaboración con el país africano por el que le paga casi 150 millones de euros para que se quede con los deportados. Lo que pretende es disuadir a los casi 30.000 migrantes que el año pasado se lanzaron al Canal de La Macha para llegar a costas británicas.

La medida incumple las regulaciones del derecho internacional de asilo. Para poder expulsar a un solicitante de asilo hay que cumplir ciertas normas: hay que permitir que hagan su petición ante las autoridades, luego hay que acreditar que el solicitante no viene de una guerra, que no está perseguido por razones religiosas o por otros motivos. En todo caso, la expulsión no se puede producir hasta tres semanas después de que se entregue la decisión denegando la solicitud. Además, el país al que se le expulsa debe ser un país seguro. Nos escandaliza lo que está haciendo Johnson, pero la UE está haciendo algo parecido cuando subcontrata a Libia para que los migrantes no crucen el Mediterráneo, o cuando paga a Turquía para que se quede con los expulsados desde Grecia.