Hay medios de comunicación que se convierten con frecuencia en portavoces de campañas dirigidas a desprestigiar y deslegitimar el modelo de educación concertada. Los centros concertados responden al modelo constitucional y conforman, junto con los centros de naturaleza estatal, la red de educación pública. Este modelo se ha desarrollado históricamente para garantizar las implicaciones del derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, también en lo que se refiere a la elección del centro que consideran más adecuado. Por cierto, fue en tiempos del gobierno socialista de Felipe González cuando se puso en marcha este modelo.

En España hay dos millones de alumnos que asisten a 9.000 centros de educación concertada. Los conciertos educativos, que no se realizan solo con colegios de titularidad religiosa, son la opción educativa más económica para el Estado. Cada alumno que acude a la educación pública estatal cuesta 6.000 euros, frente a los 3.000 que supone un alumno de un centro concertado. En contra de lo que suele repetirse, los colegios concertados no discriman la entrada de alumnos desfavorecidos, dado que los criterios de admisión están determinados por las comunidades autónomas, y son públicos.

La realidad es la contraria. Es la educación concertada la que está discriminada en determinadas comunidades autónomas al no recibir, por ejemplo, ayudas para el comedor escolar o financiación para incentivos educativos, al margen de las becas que los titulares de los centros concertados ofrecen a los alumnos con menos recursos.