Tras lo sucedido en el Parlamento de Cataluña este lunes se abre un panorama incierto en la situación de esa Comunidad Autónoma y del conjunto de España. La decisión de ERC y del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, de obedecer a la resolución de la Junta Electoral, retirando el acta de diputado de Torra, ha mostrado la profunda división que hay en el independentismo. El presidente de la Generalitat pretendió hasta el último momento un acto de desobediencia. En realidad han salido a flote las profundas diferencias que hay desde hace mucho tiempo entre ERC y JxCat. Y lo lógico es que se ponga fin, más tarde o más temprano, a una legislatura absolutamente anormal, y que se convoquen elecciones.

Tanto el Gobierno de Sánchez como el PSC tienen un plan para después de la nueva convocatoria electoral. Los socialistas esperan poder formar un tripartito con ERC y los Comunes que les permita gobernar en Cataluña y en España, y que dé estabilidad al ayuntamiento de Barcelona. Esa fórmula, sobre el papel, podría significar que ERC renuncia momentáneamente a la vía unilateral y a actuar fuera de la Constitución. Pero dado el modo en que se está ejecutando el acuerdo que ha permitido la investidura de Sánchez no podemos hacernos ilusiones. Todo indica que el pacto incluye una reforma del Código Penal para favorecer a los condenados por el Procés y una fuerte presión al poder judicial para que deje de actuar, o para que lo haga en beneficio de una agenda política. Es un precio demasiado alto, y por supuesto, Esquerra no renuncia a plantear la independencia.