La España vaciada se ha convertido en uno de los grandes temas de la vida nacional. Las protestas de los agricultores de esta semana por la caída de sus márgenes de beneficio coincidían con la creación en el Senado de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, que seguramente ofrecerá tardes de gloria a los nostálgicos de la concordia parlamentaria. Porque en esta materia el consenso es grande. Aunque mayores son las dificultades. Y no porque en España sea más grave la situación que en otros países de Europa, sobre todo en el este, por no mencionar las zonas rurales en China o EE.UU.

A la caída de la natalidad se suma el elevado coste de ofrecer recursos públicos de calidad en lugares con baja población. Desde una visión en exceso optimista, los partidos políticos suelen presentar grandes soluciones que pasan por la transición ecológica o fomentar que las familias migrantes se instalen en el campo. O puede que en un día no muy lejano el teletrabajo contribuya a llenar de nuevo los pueblos, pero por el momento el campo no puede esperar. De las ayudas a las familias a un debate serio sobre distribución equitativa de las inversiones públicas, pasando por un consumo más solidario con los productores locales, hay ya muchas medidas, que no van a resolver el problema, pero sí a paliar la situación. Y sobre todo, que se podrían aplicar ahora mismo.