Entre hoy y mañana se desarrolla en Bruselas una cumbre para debatir el conflicto que enfrenta a la Unión Europea con el Gobierno de Polonia, a propósito de la supremacía del derecho comunitario sobre las leyes de cada país. El conflicto se abrió hace años cuando Polonia aprobó una reforma judicial que vulneraba la separación de poderes, y se ha acentuado con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco, que declaró algunos artículos de los Tratados de la Unión incompatibles con la legislación polaca. No se trata de una simple disparidad de criterio, sino de un debate de fondo que podría llevar, en caso extremos, a la salida de Polonia de la Unión.

Se trata de un problema que afecta de manera especial a España, donde el Gobierno ha intentado reformar los órganos judiciales para controlarlos políticamente. Bruselas ha intervenido ya en dos ocasiones para llamar la atención al Ejecutivo, al que ha instado a garantizar la independencia del poder judicial, también a la hora de elegir el gobierno de los jueces. Para la Unión Europea, como puso ayer de manifiesto la presidenta de la Comisión, Úrsula van der Leyen, no hay pretexto alguno para que un país miembro no respete los valores europeos, entre los que se encuentra, precisamente, la independencia judicial. La advertencia no solo iba dirigida a Polonia, sino a cuantos gobiernos intentan forzar los valores fundamentales de la Unión en provecho propio.